Ventajas de ser pensionista por incapacidad permanente en 2024 : Qué es, tipos y como solicitarla

Antes de abordar en detalle las prestaciones y ventajas de ser pensionista por incapacidad permanente, es fundamental comprender qué implica esta condición y cuándo puede ser reconocida oficialmente. La incapacidad permanente es una condición laboral en la que una persona, debido a una lesión o enfermedad irreversible, se ve imposibilitada para desempeñar la actividad laboral que desempeñaba hasta el momento de este reconocimiento. En función de la consideración de la administración pública, esta incapacidad lo será de forma total o absoluta.

Este reconocimiento es resultado de un proceso de evaluación médica y administrativa llevado a cabo por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que determina el grado de incapacidad y las prestaciones económicas correspondientes. Estas prestaciones tienen como objetivo proporcionar un sustento económico a la persona afectada, garantizando su capacidad para mantener una calidad de vida digna, a pesar de no poder continuar con su actividad laboral.

En el sistema de Seguridad Social en España, existen varios tipos de incapacidad permanente, cada uno con su propio grado de afectación y porcentaje de la base reguladora que se paga al beneficiario. A continuación, se detallan los principales tipos de incapacidad y los porcentajes que se aplican para calcular la pensión:

Descripción: Este tipo de incapacidad se concede cuando el trabajador sufre una disminución en su rendimiento laboral de al menos un 33%, pero puede continuar realizando las tareas fundamentales de su trabajo habitual.

Porcentaje: En este caso, no se recibe una pensión mensual, sino una indemnización a tanto alzado, equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora.

Descripción: La incapacidad permanente total se otorga cuando el trabajador queda inhabilitado para realizar su trabajo habitual, pero puede dedicarse a otra actividad profesional distinta.

Porcentaje: La pensión se calcula aplicando un 55% de la base reguladora. Este porcentaje puede incrementarse al 75% si el beneficiario tiene más de 55 años y se encuentra inactivo laboralmente.

Descripción: Este tipo de incapacidad se reconoce cuando el trabajador está inhabilitado para realizar cualquier tipo de actividad laboral, no solo su trabajo habitual.

Porcentaje: La pensión por incapacidad permanente absoluta corresponde al 100% de la base reguladora.

Descripción: La gran invalidez se concede cuando, además de estar inhabilitado para trabajar, el beneficiario necesita la asistencia de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Porcentaje: Además de recibir el 100% de la base reguladora, el beneficiario recibe un complemento económico adicional para cubrir los gastos derivados de la asistencia de un tercero.

La incapacidad permanente total, en principio, se considera de duración indefinida. Sin embargo, es común que periódicamente se realicen revisiones para verificar que la situación del beneficiario no ha cambiado y que sigue cumpliendo con los requisitos para recibir la prestación. Estas revisiones buscan asegurar que la persona sigue necesitando el apoyo económico y social proporcionado.

Aunque la incapacidad permanente total se otorga con la expectativa de ser permanente, existen varias situaciones que pueden llevar a su retirada:

Obtención fraudulenta de la prestación: Si se descubre que la persona obtuvo la incapacidad mediante engaño o fraude, la prestación será revocada.

Imprudencias del beneficiario: Si la situación de incapacidad se agrava debido a imprudencias o acciones irresponsables por parte del beneficiario, la prestación puede ser retirada.

Abandono del tratamiento o rehabilitación: El rechazo a seguir los tratamientos médicos o de rehabilitación recomendados, o el abandono de los mismos, puede llevar a la retirada de la incapacidad si se considera que esto ha agravado la situación.

Mejoría o curación: Si en una revisión médica se constata que la persona ha mejorado significativamente o se ha curado, se puede retirar la prestación.

Fallecimiento del beneficiario: Evidentemente, la incapacidad permanente total se extingue en caso de fallecimiento del beneficiario.

Obtención de la pensión de jubilación: Al alcanzar la edad de jubilación y obtener la pensión correspondiente, la prestación por incapacidad permanente total puede cesar.

Revisión de oficio por la entidad gestora: La entidad gestora puede llevar a cabo revisiones de oficio para asegurarse de que las condiciones iniciales de la incapacidad se mantienen.

Una persona con una incapacidad permanente total reconocida recibe automáticamente un grado de discapacidad del 33%. Este reconocimiento es importante ya que abre la puerta a otros beneficios y ayudas adicionales para personas con discapacidad. En algunos casos, dependiendo de la severidad de la condición y otras evaluaciones, el grado de discapacidad asignado puede ser superior.

En resumen, aunque la incapacidad permanente total se otorga con la intención de proporcionar apoyo de por vida, existen varias circunstancias que pueden llevar a su revisión y posible retirada. Es crucial que los beneficiarios mantengan un seguimiento adecuado de sus tratamientos y eviten acciones que puedan comprometer su situación para asegurar la continuidad de la prestación.

Ahora que entendemos los tipos de incapacidad permanente, vamos a explorar las ventajas específicas de ser pensionista por incapacidad permanente. Estas ventajas están diseñadas para proporcionar un apoyo integral a quienes no pueden continuar con su vida laboral habitual.

Una de las mayores ventajas es la seguridad económica que proporciona la pensión. Las pensiones por incapacidad permanente aseguran que la persona pueda mantenerse a sí misma y a su familia, incluso cuando no puede trabajar.

En el caso de la incapacidad permanente total, el beneficiario recibe una pensión que puede ser hasta el 55% de la base reguladora. Esto puede aumentar hasta el 75% si la persona tiene más de 55 años y encuentra dificultades para obtener un nuevo empleo.

Para aquellos con incapacidad permanente absoluta, la pensión puede ser del 100% de la base reguladora. Esto proporciona una mayor estabilidad económica, ya que cubre todas las necesidades básicas de la persona incapacitada.

Las personas con incapacidad permanente tienen la oportunidad de continuar su vida laboral en otros tipos de trabajos que no demanden las mismas capacidades que su puesto anterior. Esto les permite complementar su pensión con ingresos adicionales, ayudando a mantener su estabilidad económica y mejorar su calidad de vida. Esta opción es especialmente valiosa para aquellos que aún desean estar activos laboralmente y aprovechar sus habilidades en otras áreas.Para aquellos con incapacidad permanente absoluta, la pensión puede ser del 100% de la base reguladora. Esto proporciona una mayor estabilidad económica, ya que cubre todas las necesidades básicas de la persona incapacitada.

Las personas con incapacidad permanente pueden beneficiarse de ayudas específicas para la adquisición, adaptación o alquiler de viviendas. Estas ayudas están orientadas a garantizar que la persona viva en un entorno adecuado y accesible, que responda a sus necesidades particulares. En muchos casos, estas ayudas pueden incluir subvenciones para realizar reformas en la vivienda que faciliten la movilidad y el acceso, mejorando así la independencia y comodidad del beneficiario.

Las familias numerosas que cuentan con uno o más miembros con discapacidad pueden acceder a una serie de ayudas adicionales que están diseñadas para aliviar la carga económica que supone mantener una familia con necesidades especiales. Estas ayudas pueden incluir reducciones fiscales, subsidios específicos y beneficios adicionales en el acceso a servicios públicos y privados, todos ellos orientados a mejorar el bienestar general de la familia.

Cuando un miembro de la familia tiene una discapacidad, la unidad familiar puede recibir ayudas adicionales destinadas a apoyar tanto al individuo como a la familia en su conjunto. Estas ayudas pueden cubrir gastos médicos, de transporte, educativos y otros servicios esenciales, asegurando que el miembro discapacitado reciba el cuidado y la atención necesarios, al mismo tiempo que se alivia la carga económica sobre la familia.

Las personas con incapacidad permanente disfrutan de una serie de beneficios fiscales que les permiten reducir su carga impositiva. Estos beneficios pueden incluir deducciones en la declaración de la renta, exenciones en ciertos tributos y reducciones significativas en el pago del IRPF. Estas ventajas fiscales están diseñadas para compensar los gastos adicionales que suelen asociarse con la discapacidad, como cuidados especiales, tratamientos médicos y la adaptación del hogar.

Además de la pensión de incapacidad, las personas que se encuentran sin empleo y tienen reconocida una incapacidad permanente pueden solicitar subsidios por desempleo. Este subsidio proporciona un respaldo económico adicional mientras la persona busca un nuevo empleo que se adapte a sus capacidades. Este apoyo es crucial para garantizar la seguridad económica del individuo durante el tiempo que esté desempleado, especialmente en aquellos casos donde la reubicación laboral puede tardar más debido a la necesidad de encontrar un puesto compatible con su situación.

Los trabajadores autónomos que sufren una incapacidad permanente pueden acceder a ayudas específicas que les permiten continuar con su actividad profesional de manera adaptada o, en su defecto, recibir apoyo para iniciar una nueva actividad. Estas ayudas son esenciales para que los autónomos puedan seguir generando ingresos a pesar de su discapacidad, y pueden incluir subvenciones, formación para nuevas competencias y asesoramiento empresarial adaptado a su situación.

Las personas con discapacidad pueden beneficiarse de un IVA reducido del 4% en la compra de un vehículo, así como de ayudas en la matriculación. Estas ventajas están diseñadas para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad, permitiéndoles adquirir vehículos adaptados a sus necesidades a un costo más accesible. Además, estas ayudas contribuyen a mejorar su independencia y calidad de vida, ya que un vehículo adecuado es clave para mantener la autonomía en los desplazamientos diarios.

Existen diversas becas de estudio específicamente destinadas a personas con discapacidad que desean continuar su formación académica. Estas becas pueden cubrir desde matrículas hasta gastos de manutención, y están diseñadas para eliminar las barreras económicas que podrían impedir el acceso a la educación superior. El objetivo es fomentar la inclusión educativa y proporcionar a las personas con discapacidad las herramientas necesarias para desarrollarse profesional y personalmente, lo que a largo plazo contribuye a su integración plena en la sociedad.

Las personas con incapacidad permanente pueden acceder a descuentos significativos en los abonos de transporte público. Estos descuentos son especialmente útiles en áreas urbanas, donde el transporte es un elemento esencial de la vida diaria. Además de reducir los costos de desplazamiento, estos abonos contribuyen a facilitar la movilidad y la inclusión social, permitiendo que las personas con discapacidad participen más activamente en la comunidad.

Los pensionistas con incapacidad permanente pueden disfrutar de descuentos exclusivos en museos, instituciones culturales y diversos espacios de ocio. Estos descuentos son una manera de fomentar la participación cultural y el disfrute de actividades recreativas, que son esenciales para el bienestar emocional y social. Al hacer estos espacios más accesibles económicamente, se promueve la integración de las personas con discapacidad en la vida cultural y social de su comunidad.

La tarjeta de aparcamiento para discapacitados permite a las personas con movilidad reducida aparcar en plazas reservadas, lo cual es especialmente importante en grandes ciudades donde encontrar estacionamiento puede ser un desafío. Esta tarjeta no solo facilita los desplazamientos en vehículo propio, sino que también reduce el estrés asociado con la búsqueda de aparcamiento, mejorando así la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Las personas con incapacidad permanente tienen derecho a acceder a equipamiento médico y productos farmacéuticos especiales que son esenciales para su salud y bienestar. Estos recursos, que pueden incluir desde dispositivos de movilidad hasta medicamentos específicos, están diseñados para atender las necesidades particulares de las personas con discapacidad, permitiéndoles llevar una vida lo más plena y autónoma posible. Además, en muchos casos, estos productos están subvencionados, lo que reduce el coste para el beneficiario.

Para acceder a una pensión por incapacidad permanente total, es necesario cumplir con ciertos criterios establecidos por la Seguridad Social. Estos requisitos aseguran que la persona solicitante realmente se encuentra en una situación que justifica la concesión de la pensión. A continuación, se detallan los principales requisitos:

• Edad del solicitante: Es fundamental que la persona tenga menos de 60 años en el momento de la solicitud. Este límite de edad se establece porque, al superarlo, la pensión por incapacidad permanente total podría transformarse en otro tipo de prestación.

   

• Carácter permanente de las lesiones: Las lesiones o enfermedades que justifican la solicitud deben ser de naturaleza permanente y definitiva. Esto significa que, según el criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), no hay posibilidades de mejora significativa tras las revisiones médicas pertinentes.

   

• Compatibilidad laboral: El trabajador, ya sea por cuenta propia o ajena, debe estar desempeñando una actividad laboral compatible con la incapacidad total. Es decir, aunque la persona no pueda ejercer su profesión habitual debido a las limitaciones físicas o psíquicas, sí puede realizar otros trabajos que no agraven su condición.

   

• Cumplimiento de los plazos de cotización: Es imprescindible haber cotizado el tiempo mínimo necesario para acceder a la pensión. Este período de cotización, conocido como carencia, varía en función de la edad del solicitante y el tipo de incapacidad. Cumplir con este requisito asegura que el solicitante ha contribuido lo suficiente al sistema para ser elegible.

En España, la Seguridad Social ofrece una serie de ayudas y prestaciones destinadas a apoyar a aquellas personas que han sido declaradas con incapacidad permanente. Estas ayudas están diseñadas para garantizar el bienestar económico y mejorar la calidad de vida de los afectados. A continuación, se describen las principales ayudas disponibles:

• Pensión por incapacidad permanente: Esta es la principal ayuda económica que ofrece la Seguridad Social a las personas que han sido reconocidas con incapacidad permanente. Se trata de una prestación mensual cuyo importe depende de varios factores, como el grado de incapacidad y las cotizaciones previas del beneficiario. Esta pensión busca proporcionar un ingreso estable que permita cubrir las necesidades básicas del individuo.

   

• Asistencia médica y programas de rehabilitación: Además de la pensión económica, la Seguridad Social ofrece acceso a una amplia gama de servicios médicos y programas de rehabilitación. Estos servicios están orientados a mantener y mejorar la salud de las personas con incapacidad permanente, ayudándoles a gestionar su condición y, en la medida de lo posible, recuperar parte de su funcionalidad.

   

• Ayudas para la movilidad: Las personas que enfrentan dificultades de movilidad debido a su incapacidad pueden acceder a diversas ayudas técnicas. Estas incluyen desde sillas de ruedas hasta dispositivos especiales diseñados para facilitar el desplazamiento y la independencia en el día a día. El objetivo es mejorar la autonomía y la calidad de vida, permitiendo que los afectados puedan llevar una vida lo más normal posible.

La base reguladora es un concepto fundamental en la determinación de la cuantía de las pensiones por incapacidad permanente. Se refiere al promedio de las bases de cotización del trabajador durante un período específico y es la base sobre la cual se calcula el importe de la pensión. Entender cómo se determina la base reguladora es crucial para aquellos que están en proceso de solicitar una pensión por incapacidad permanente o que desean comprender mejor cómo se calculará su prestación.

El cálculo de la base reguladora varía dependiendo del origen de la incapacidad (enfermedad común, accidente de trabajo, etc.) y de la situación laboral del trabajador. A continuación, se describen los pasos generales para calcular la base reguladora:

Incapacidad derivada de enfermedad común o accidente no laboral:

Si la incapacidad permanente es consecuencia de una enfermedad común o un accidente no laboral, la base reguladora se calcula tomando en cuenta las bases de cotización de un período específico anterior al hecho causante de la incapacidad.

Para trabajadores menores de 52 años, se utiliza un período de 96 meses (8 años) de bases de cotización anteriores al mes anterior al hecho causante. Estas bases se suman y se dividen por 112, obteniendo así la base reguladora.

Para mayores de 52 años, se pueden utilizar otros períodos de cotización para calcular la base reguladora, dependiendo de las normativas aplicables.

Incapacidad derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional:

Cuando la incapacidad permanente se deriva de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el cálculo de la base reguladora se realiza utilizando las bases de cotización del año inmediatamente anterior al accidente o al diagnóstico de la enfermedad.

Aquí, la base reguladora se determina sumando las bases de cotización de los 12 meses anteriores al hecho causante y dividiendo el resultado por 12.

Varios factores pueden influir en la base reguladora, incluyendo el tipo de contrato, la categoría profesional, y la regularidad de las cotizaciones. Por ejemplo, un trabajador con un historial de cotizaciones regulares y constantes a lo largo de su carrera tendrá una base reguladora más estable, mientras que aquellos con interrupciones en su vida laboral pueden ver variaciones más significativas en la base reguladora.

Es importante señalar que la base reguladora no siempre representa el salario completo del trabajador, sino un promedio basado en las bases de cotización que han sido efectivamente reportadas a la Seguridad Social. Por esta razón, es crucial mantener un buen historial de cotización, ya que este afectará directamente el cálculo de la pensión.

Una vez calculada la base reguladora, se aplica un porcentaje determinado según el grado de incapacidad reconocido:

Incapacidad permanente total: El porcentaje aplicado es del 55% de la base reguladora, que puede incrementarse al 75% si el beneficiario tiene más de 55 años y no está trabajando.

Incapacidad permanente absoluta: Se aplica el 100% de la base reguladora, dado que esta incapacidad impide realizar cualquier tipo de trabajo.

Gran invalidez: Además del 100% de la base reguladora, se añade un complemento adicional para cubrir los gastos de asistencia de una tercera persona.

La pensión por incapacidad permanente total, que representa el 75% de la base reguladora del trabajador, se establece en esta cuantía por una serie de razones clave que buscan equilibrar tanto el bienestar del beneficiario como la sostenibilidad del sistema de pensiones. A continuación, se explican los principales motivos detrás de este porcentaje:

• Compensación por la pérdida de ingresos: La incapacidad permanente total impide que el trabajador continúe desempeñando su profesión habitual, lo que a menudo resulta en una pérdida considerable de ingresos. La pensión del 75% de la base reguladora está diseñada para compensar esta pérdida de manera razonable, proporcionando un ingreso que ayude a mitigar el impacto económico de la incapacidad.

   

• Mantenimiento de un nivel de vida digno: El objetivo de fijar la pensión en el 75% es garantizar que el beneficiario pueda mantener un nivel de vida adecuado, adaptado a su nueva situación. Aunque el ingreso es menor que el que podría recibir si estuviera trabajando en su ocupación habitual, se considera suficiente para cubrir las necesidades básicas y permitir una vida digna.

   

• Incentivo para la reintegración laboral: Al no ser una pensión completa del 100%, se mantiene un incentivo para que el beneficiario busque nuevas oportunidades laborales en campos que sean compatibles con su condición. Esto no solo favorece la reintegración laboral y social del individuo, sino que también promueve la participación activa en la economía.

   

• Sostenibilidad del sistema de pensiones: Otorgar pensiones al 75% de la base reguladora, en lugar del 100%, contribuye a la estabilidad financiera del sistema de seguridad social. Este enfoque permite que los recursos disponibles se distribuyan de manera más equitativa entre todos los beneficiarios, asegurando la viabilidad a largo plazo del sistema y evitando un agotamiento prematuro de los fondos.

   

• Cobertura adecuada pero moderada: La pensión del 75% ofrece una cobertura suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador incapacitado sin eliminar completamente el incentivo para buscar otras fuentes de ingresos o participar en programas de rehabilitación. De esta forma, se logra un equilibrio entre proporcionar una ayuda significativa y alentar la autonomía y la reintegración del individuo.

En algunos casos específicos, el porcentaje puede ser ajustado mediante incrementos o complementos, como por ejemplo, cuando se aplican aumentos por hijos a cargo. Sin embargo, el 75% constituye la base estándar en muchos sistemas de seguridad social, balanceando la protección del beneficiario con la salud financiera del sistema.

La respuesta es afirmativa. Las personas que han sido reconocidas con una incapacidad permanente total tienen la posibilidad de seguir trabajando, siempre y cuando el nuevo empleo no sea el mismo que desempeñaban antes de ser declarados con dicha incapacidad. Este es uno de los elementos clave que distingue a la incapacidad permanente total de la incapacidad permanente absoluta, la cual impide a la persona realizar cualquier tipo de trabajo.

La normativa define el “trabajo habitual” de la siguiente manera, dependiendo del origen de la incapacidad:

• Enfermedad común: Si la incapacidad se debe a una enfermedad común, la profesión habitual se refiere a la que la persona ha ejercido en los últimos 12 meses previos a la declaración de incapacidad. Es decir, cualquier otro trabajo fuera de este contexto sería considerado apto para ser desempeñado, siempre y cuando las condiciones de salud lo permitan.

   

• Accidente (laboral o no laboral): Si la incapacidad se origina a partir de un accidente, ya sea en el ámbito laboral o fuera de él, la profesión habitual es aquella que la persona ejercía en el momento exacto del accidente. En este caso, la persona puede buscar y aceptar empleos diferentes a su ocupación en el momento del accidente, siempre que su condición lo permita.

El hecho de que las personas con incapacidad permanente total puedan trabajar en otras profesiones les brinda una oportunidad valiosa para mantenerse activos laboralmente y mejorar su calidad de vida. Este enfoque no solo permite que continúen contribuyendo a la economía, sino que también les ofrece una vía para la reintegración social, adaptándose a nuevas funciones que sean compatibles con sus capacidades.

Sí, en España es posible que una persona con una incapacidad permanente total vea su situación reevaluada y, eventualmente, reciba el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta. Este cambio de grado debe ser evaluado y aprobado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y se basa en una serie de consideraciones médicas y legales.

El cambio de una incapacidad permanente total a una absoluta generalmente ocurre cuando el estado de salud del beneficiario se deteriora significativamente. Esto puede suceder debido a la aparición de nuevas secuelas, el agravamiento de las condiciones ya existentes, o el desarrollo de nuevas patologías. En tales casos, el trabajador afectado debe solicitar una Revisión de Grado al INSS.

Para iniciar el proceso de cambio de grado, es fundamental recopilar y presentar una serie de informes médicos actualizados. Estos informes, emitidos por los especialistas que están tratando al paciente en el sistema de salud pública, deben documentar claramente el empeoramiento de la condición y sus consecuencias sobre la capacidad laboral. Además, es útil incluir cualquier otro tipo de documentación relevante, como informes de urgencias, pruebas diagnósticas o biomecánicas.

Es crucial entender que, aunque el trabajador ya esté reconocido con una incapacidad permanente total, no necesita cumplir nuevamente con los requisitos de cotización, ya que estos siguen siendo válidos desde la primera evaluación. Sin embargo, para que se considere la posibilidad de cambiar a una incapacidad permanente absoluta, el solicitante no debe haber alcanzado aún la edad de jubilación ordinaria.

Este proceso de revisión y cambio de grado es importante porque una incapacidad permanente absoluta representa un reconocimiento de que la persona no puede realizar ningún tipo de actividad laboral, lo que conlleva un ajuste en la pensión recibida, reflejando la gravedad de la nueva situación.

No todos los pensionistas por incapacidad permanente tienen derecho a recibir la paga extra de Navidad. La normativa de la Seguridad Social establece que, si bien la mayoría de las pensiones contributivas en España incluyen dos pagas extras al año, existen excepciones importantes que deben considerarse.

En particular, los pensionistas que reciben una pensión por incapacidad permanente total, absoluta o Gran Invalidez derivada de una enfermedad profesional o de un accidente laboral no reciben la paga extra de Navidad. Esto se debe a que las pensiones derivadas de estas circunstancias se abonan en 12 mensualidades ordinarias, en lugar de las 14 pagas que incluyen las dos pagas extraordinarias de junio y noviembre.

La razón detrás de esto es que, para estos pensionistas, las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias. Es decir, el importe que normalmente se recibiría en las pagas extras se distribuye a lo largo de las 12 pagas mensuales del año. Por lo tanto, aunque no reciban una paga extra en Navidad, el total anual que perciben es equivalente al de los pensionistas que sí reciben pagas extraordinarias.

Por otro lado, aquellos pensionistas cuya pensión no está relacionada con una enfermedad profesional o accidente de trabajo, siguen recibiendo sus dos pagas extras al año, una de las cuales se abona en noviembre, conocida comúnmente como la paga extra de Navidad.

En resumen, la posibilidad de recibir la paga extra de Navidad depende del origen de la pensión. Aquellos cuyas pensiones derivan de accidentes laborales o enfermedades profesionales no reciben esta paga extra, pero tienen su importe prorrateado en sus pagos mensuales, asegurando que no cobren menos en total al final del año.

Sí, la pensión por incapacidad permanente total incluye pagas extras, al igual que otras pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social. En general, los beneficiarios reciben dos pagas extras al año, una en junio y otra en noviembre, coincidiendo con las pagas extraordinarias tradicionales.

Estas pagas extras se calculan utilizando la misma base reguladora que se utiliza para la pensión mensual, por lo que el importe de cada paga extra es igual al de una mensualidad ordinaria. Es importante destacar que no todos los beneficiarios reciben estas pagas extras de la misma manera, ya que hay excepciones dependiendo del origen de la incapacidad.

En casos donde la incapacidad permanente total deriva de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, las pagas extras están prorrateadas dentro de las mensualidades ordinarias. Esto significa que, aunque no reciban una paga extra diferenciada en junio y noviembre, el importe total anual sigue siendo equivalente al de quienes sí reciben estas pagas adicionales de forma separada.

Para quienes reciben la pensión por incapacidad permanente total derivada de una enfermedad común o un accidente no laboral, las pagas extras se abonan de manera separada, sumándose a las 12 mensualidades habituales.

Para ilustrar qué situaciones pueden llevar a la concesión de una incapacidad permanente total, es útil revisar algunos casos prácticos que reflejan cómo se aplica esta categoría en el mundo real.

Imaginemos a un vigilante de seguridad que desarrolla una hernia discal, una condición que le impide realizar las tareas físicas necesarias para desempeñar su trabajo con seguridad y eficacia. Debido a las limitaciones físicas que le impiden continuar en su rol habitual, este trabajador podría ser considerado para una incapacidad permanente total. Aunque no podría seguir trabajando como vigilante de seguridad, podría buscar empleo en una posición menos exigente físicamente, como auxiliar administrativo, siempre que sus capacidades lo permitan.

Otro ejemplo podría ser el de un conductor de autobús que sufre una pérdida significativa de visión, una condición que hace imposible que siga conduciendo vehículos de transporte público de manera segura. En este caso, la incapacidad permanente total sería aplicable, impidiéndole continuar en su rol habitual. Sin embargo, al igual que el vigilante de seguridad, este trabajador podría desempeñar otras funciones que no requieran una visión perfecta, como podría ser un puesto administrativo o de atención al cliente.

Consideremos también el caso de Juan, un trabajador nacido en 1968 que ha estado afiliado a la Seguridad Social desde 1988. En 2015, Juan entra en situación de incapacidad temporal debido a una enfermedad común, y después de un proceso de evaluación, en 2017, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) recomienda que se le conceda la incapacidad permanente total. En el momento de la decisión, Juan tiene 49 años y ha acumulado una cotización significativa a lo largo de su vida laboral. Cumple con todos los requisitos de cotización exigidos por la ley, lo que le da derecho a recibir esta prestación.

Los casos anteriores reflejan situaciones en las que las personas afectadas han acumulado suficiente tiempo de cotización y cumplen con los requisitos establecidos por la Seguridad Social para recibir una pensión por incapacidad permanente total. Estos requisitos incluyen estar afiliado y en alta en el momento de la evaluación, que la incapacidad sea reconocida oficialmente por la Seguridad Social, y haber cumplido con el período de cotización necesario, que depende de la edad y la fecha en que ocurre el hecho causante de la enfermedad o lesión.

Las personas que reciben una pensión por incapacidad permanente total y que han alcanzado los 55 años de edad pueden tener derecho a un incremento en su pensión. Este aumento, conocido como “pensión cualificada,” supone un 20% adicional sobre la base reguladora, lo que eleva el importe mensual que percibe el beneficiario.

Para acceder a este incremento, es necesario cumplir con dos condiciones principales:

• Tener 55 años o más: El beneficiario debe haber cumplido los 55 años. Este requisito es fundamental para considerar la pensión cualificada, ya que está diseñada para apoyar a quienes se encuentran en una etapa de la vida en la que es más difícil reincorporarse al mercado laboral.

   

• No estar trabajando: Aunque las personas con una incapacidad permanente total tienen la posibilidad de trabajar en empleos compatibles con su situación sin perder la pensión, para acceder a este aumento del 20%, el beneficiario debe estar desempleado. Es decir, no debe estar realizando ninguna actividad laboral, incluso aquellas que serían compatibles con la pensión. Además, no se permite la percepción de otros ingresos, incluidos los generados por prestaciones por desempleo derivadas de trabajos anteriores.

Si una persona cumple con estos requisitos, puede solicitar el aumento del 20% en su pensión. Este incremento se añade al importe base de la pensión, proporcionando un apoyo financiero adicional significativo para quienes, debido a su edad y condición de salud, tienen dificultades para encontrar un empleo que les permita complementar su pensión.

Este beneficio está diseñado para garantizar que las personas mayores de 55 años con incapacidad permanente total puedan mantener un nivel de vida digno, a pesar de las limitaciones que puedan enfrentar para reinsertarse en el mundo laboral.

El proceso de aprobación de una pensión por incapacidad permanente total por parte de la Seguridad Social no es inmediato y puede llevar un tiempo considerable. En general, la Seguridad Social dispone de un plazo de hasta 183 días hábiles para emitir una resolución sobre una solicitud de incapacidad permanente total. Este período es notablemente más largo que el tiempo asignado para otras prestaciones, como las pensiones de jubilación o viudedad, que suelen resolverse en un plazo de 90 días.

Sí, es posible compatibilizar la pensión por incapacidad permanente total con otras ayudas económicas. Existen hasta siete prestaciones adicionales que pueden solicitar los beneficiarios de esta pensión, lo que les permite complementar su ingreso mensual.

La razón por la cual es posible acceder a estas ayudas es que una persona con incapacidad permanente total, aunque no pueda desempeñar su trabajo habitual, sí puede trabajar en otros tipos de empleo que sean compatibles con su condición. Esto está estipulado en el artículo 163 de la Ley General de la Seguridad Social de 2015, que establece que, aunque generalmente se debe optar por una prestación cuando se tiene derecho a más de una, existen excepciones en las que se pueden cobrar varias ayudas al mismo tiempo.

Las personas desempleadas que reciben una pensión por incapacidad permanente total y perciben una cantidad igual o inferior a 723,75 euros mensuales pueden solicitar las siguientes ayudas adicionales:

Subsidio por insuficiencia de cotización: Para quienes no alcanzaron el mínimo de cotización necesario para otras prestaciones.

Ayuda familiar: Dirigida a personas con responsabilidades familiares que se encuentran desempleadas.

Subsidio para mayores de 45 Años: Una ayuda para quienes superan esta edad y tienen dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

Subsidio para mayores de 52 Años: Similar al anterior, pero para aquellos que han alcanzado los 52 años.

Renta activa de inserción (RAI): Una ayuda destinada a personas en situación de especial necesidad y dificultad para encontrar empleo.

Subsidio extraordinario por desempleo (SED): Para quienes han agotado otras prestaciones por desempleo y siguen sin empleo.

En ciertos casos, es posible percibir la pensión por incapacidad permanente total junto con otras prestaciones. Por ejemplo, si el beneficiario sufre una baja temporal debido a una enfermedad o accidente no relacionado con la incapacidad inicial, puede recibir tanto la pensión como la baja médica. Esto permite que las personas afectadas tengan un mayor respaldo económico en situaciones de necesidad.

En el caso de las pensiones de viudedad y orfandad, la normativa permite que ambas se perciban de manera simultánea, aunque existe un límite máximo en la suma de ambas prestaciones, fijado en 2.560 euros mensuales. Esto significa que, aunque una persona pueda recibir ambas pensiones, la cantidad total no puede superar ese tope.

Por otro lado, cuando se trata de compatibilizar la pensión por incapacidad permanente total con otras ayudas adicionales, es fundamental considerar el límite de ingresos. El beneficiario no debe tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este porcentaje establece que solo quienes se encuentran en situaciones económicas más precarias pueden acceder a estas ayudas adicionales.

Como resultado de esta normativa, el máximo que un pensionista puede recibir mensualmente de estas ayudas adicionales es de 723,75 euros, que corresponde al 75% del SMI. Este umbral garantiza que las prestaciones se distribuyan a quienes realmente las necesitan, manteniendo el equilibrio y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

Sí, es posible compatibilizar una pensión por incapacidad permanente total con el subsidio para personas mayores, siempre que se cumplan ciertos requisitos específicos. Para acceder a este subsidio, es necesario estar en situación legal de desempleo y haber agotado la prestación contributiva a la que se tenía derecho previamente. Si no se tiene derecho a paro, se debe contar al menos con 90 días de cotización.

Además, es imprescindible haber acumulado 15 años de cotización a lo largo de la vida laboral, de los cuales al menos 6 deben pertenecer al Régimen General de la Seguridad Social. De estos 15 años, al menos 2 deben encontrarse dentro de los últimos 15 años anteriores a la solicitud del subsidio. Otro requisito clave es que las rentas del solicitante no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, no deben exceder los 750 euros mensuales.

Respecto a la duración de la incapacidad permanente total, aunque se trata de una pensión vitalicia y contributiva, es importante tener en cuenta que esta puede ser revisada cada dos años por el organismo competente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Tras una revisión, pueden darse varios escenarios: el mantenimiento del grado de incapacidad, un aumento de este, o incluso la extinción de la pensión. Por tanto, aunque la incapacidad permanente total tiene carácter vitalicio, su continuidad está sujeta a evaluaciones periódicas que pueden alterar su duración.

Una de las características de la incapacidad permanente total es que, en principio, tiene carácter vitalicio, ya que se trata de una pensión contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, es importante destacar que esta pensión no es necesariamente permanente en todos los casos, debido a su naturaleza revisable.

La normativa establece que la incapacidad permanente total puede ser revisada cada dos años por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Durante estas revisiones, se evalúa la condición del beneficiario, y pueden ocurrir varios resultados:

• Mantenimiento del grado de incapacidad: Si tras la revisión se determina que la condición del beneficiario no ha cambiado, se mantiene el mismo grado de incapacidad reconocido inicialmente. 
• Aumento del grado de incapacidad: Si la condición del beneficiario ha empeorado, es posible que el grado de incapacidad se incremente, lo que podría dar lugar a una mayor prestación. 
• Extinción de la incapacidad permanente total: En algunos casos, si la revisión concluye que la condición del beneficiario ha mejorado lo suficiente como para que pueda volver a trabajar en su profesión habitual o en otras, la pensión puede ser extinguida.

Por lo tanto, aunque la incapacidad permanente total se considera vitalicia, su continuidad depende de las evaluaciones periódicas que pueden ajustar, aumentar o incluso finalizar la prestación, según lo estipulado por el INSS.

La Seguridad Social emite el pago de la pensión por incapacidad permanente total el día 25 de cada mes. Sin embargo, para aquellos que reciben esta prestación por primera vez, las fechas pueden variar según la situación específica que dio lugar al derecho a la incapacidad.

Tras agotar una baja médica

Si la pensión por incapacidad permanente total se concede después de agotar una baja médica por incapacidad temporal, la fecha de inicio del pago será la misma en la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) emita la resolución definitiva, tras evaluar el caso.

Cuando la baja no es un factor determinante

En situaciones donde la incapacidad permanente total no deriva de una incapacidad temporal previa, la fecha de inicio del pago será la fecha de evaluación realizada por el tribunal médico encargado de valorar la situación del solicitante.

Mientras se está de alta

Si el solicitante está trabajando en el momento de solicitar la incapacidad permanente total, la fecha de inicio del pago será la del cese de la actividad laboral tras sufrir una enfermedad o accidente que haya provocado la incapacidad. Este criterio aplica tanto si el trabajador estaba cotizando en el Régimen General como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Situación de no alta ni asimilada al alta

En casos donde el solicitante no está actualmente trabajando, ni está de baja médica, ni cobrando una prestación por desempleo, la fecha de inicio del pago será retroactiva y se calculará desde la fecha en que dejó su último empleo.

Después de una revisión del EVI

En situaciones donde el pensionista es sometido a una revisión por parte del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), y se determina un cambio en su condición, la fecha de inicio del pago ajustado, ya sea la misma cuantía o una nueva, será la fecha de resolución del EVI. Esta revisión puede llevar a una mejora, empeoramiento, o confirmación del estado de incapacidad inicial.

Sí, la incapacidad permanente total es compatible con el trabajo, siempre y cuando el nuevo empleo no sea en el mismo puesto que ocupaba el trabajador en la empresa antes de ser declarado incapacitado. Esto significa que el beneficiario puede desempeñar cualquier otro trabajo que no sea su ocupación habitual. Sin embargo, es importante comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la ocupación de un nuevo puesto de trabajo, a menos que la incapacidad derive de una enfermedad profesional, en cuyo caso se requiere autorización previa.

Un aspecto clave a tener en cuenta es que el incremento del 20% de la base reguladora, que se otorga a beneficiarios de incapacidad permanente total mayores de 55 años, es incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena o propia. Además, también es incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social que puedan derivarse de esos trabajos, como subsidios por incapacidad temporal, maternidad, o prestaciones por desempleo.

No existen limitaciones específicas en cuanto al número de horas que se pueden trabajar mientras se recibe una pensión por incapacidad permanente total. Esto significa que el beneficiario puede incluso trabajar a jornada completa, siempre que las tareas en el nuevo empleo no estén relacionadas con la profesión habitual para la que fue declarada la incapacidad.

La incapacidad permanente total no es compatible con la ayuda familiar, según lo estipulado en el artículo 163 de la Ley General de la Seguridad Social de 2015. Sin embargo, hay algunas situaciones excepcionales en las que podría haber una posibilidad de compatibilidad. Por ejemplo, es posible que la Seguridad Social permita agotar la prestación por desempleo antes de comenzar a recibir la pensión por incapacidad permanente total.

Sí, para poder cobrar una pensión por incapacidad permanente total, es necesario haber cotizado a la Seguridad Social, especialmente si la incapacidad se debe a una enfermedad común. La cantidad de tiempo de cotización requerida depende de la edad de la persona afectada. Por ejemplo:

Entre los 10 y 30 años de edad, se requiere haber cotizado un tercio del tiempo desde que la persona cumplió 10 años.

Entre los 31 y 40 años, es necesario haber cotizado los años que resulten de restar 20 a la edad actual, y dividir el resultado entre 4. Además, una quinta parte de este período debe haber sido cotizada dentro de los 10 años anteriores a la solicitud de la incapacidad. En cualquier caso, para esta franja de edad, se requiere un mínimo de cinco años de cotización.

Este esquema asegura que el solicitante ha contribuido lo suficiente al sistema de seguridad social para ser elegible para la pensión.

Para los menores de 31 años que solicitan una pensión de incapacidad permanente total, es necesario haber cotizado al menos un tercio del tiempo transcurrido desde que cumplieron 16 años. Este requisito asegura que, aunque sean jóvenes, han contribuido lo suficiente al sistema de seguridad social para ser elegibles para la pensión.

Para las personas de 31 años o más, se requiere una cotización mínima de 5 años, contando a partir de los 20 años de edad. Además, un quinto de este período de cotización debe haber sido acumulado dentro de los últimos 10 años, o en los 10 años anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. Este criterio busca garantizar que los solicitantes hayan mantenido una participación activa en el sistema de seguridad social en un período reciente antes de la solicitud.

En 2024, la pensión por incapacidad permanente total experimentará una revalorización, lo que se traducirá en un aumento de los importes mensuales y anuales que reciben los beneficiarios.

Para los titulares de la pensión con 65 años y con cónyuge a cargo, la cuantía mínima aumentará de 966,2 euros al mes (13.526,8 € anuales) a 1.004,85 euros al mes (14.067,87 € anuales), lo que supone un incremento de 38,65 euros al mes y 541,07 euros al año. Si el titular no tiene cónyuge, la pensión pasará de 783,10 euros mensuales (10.963,4 € anuales) a 814,42 euros al mes (11.401,94 € anuales), lo que representa un aumento de 31,32 euros mensuales y 438,54 euros al año.

Para aquellos con una incapacidad permanente total que tienen entre 60 y 64 años con cónyuge a cargo, la pensión mensual se incrementará de 905,90 euros (12.682,60 € anuales) a 942,14 euros por mes (13.189,9 € anuales), lo que implica una mejora de 36,24 euros mensuales y 507,3 euros al año. En el caso de no tener cónyuge, la pensión pasará de 783,1 euros mensuales (10.963,4 € anuales) a 761,9 euros al mes (10.666,66 € anuales), lo que supone una mejora mensual de 29,3 euros y 410,26 euros al año.

En 2024, se ha anunciado una subida de las pensiones para aquellos beneficiarios de la incapacidad permanente sin cónyuge a cargo. Este incremento forma parte de las medidas implementadas para mejorar el poder adquisitivo de las personas que dependen de estas prestaciones. Para quienes reciben una pensión por incapacidad permanente sin cónyuge a cargo, esta revalorización supone una mejora en su ingreso mensual, permitiéndoles cubrir mejor sus necesidades básicas.

La subida de las pensiones en 2024 refleja el compromiso del gobierno de ajustar las prestaciones a la inflación, asegurando que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo. Este ajuste es crucial para aquellos que, al no tener un cónyuge a cargo, dependen principalmente de su pensión para cubrir sus gastos diarios.

Si estás recibiendo una pensión por incapacidad permanente sin cónyuge a cargo, es importante estar al tanto de cómo este aumento afectará tu situación financiera en 2024. La revalorización busca proporcionar un alivio económico a quienes más lo necesitan, garantizando un nivel de vida adecuado en el contexto económico actual.

Existe la posibilidad de que la Seguridad Social revise la situación de incapacidad permanente total de un beneficiario, lo que podría llevar a la retirada de la prestación si se determina una mejora en la condición de salud del pensionista o si se ha producido un error de diagnóstico. La Seguridad Social revisa regularmente estas situaciones cada dos años, incluso si la incapacidad fue reconocida por sentencia judicial.

La pensión por incapacidad permanente total también puede extinguirse por otros motivos, como alcanzar la edad de jubilación y optar por la pensión correspondiente o tras una revisión de grado, que puede ser solicitada por el propio pensionista en caso de agravamiento o por el INSS si se aprecia una mejora o curación en la condición del beneficiario.

Los autónomos que son declarados con incapacidad permanente total tienen derecho a una pensión basada en el 55% de su base reguladora. Este porcentaje puede incrementarse en un 20% adicional, siempre que el beneficiario tenga más de 55 años, no realice ninguna otra actividad laboral y no posea una explotación agraria o pesquera. Esto significa que, aunque se perciba una pensión por incapacidad permanente total, es posible continuar trabajando como autónomo, siempre y cuando se respeten estas condiciones.

Esta compatibilidad ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en una sentencia relacionada con un caso de 2016, lo que proporciona seguridad jurídica a los autónomos que se encuentran en esta situación. Un ejemplo claro de esta compatibilidad es el de una mujer con discapacidad que trabaja desde casa, demostrando que es posible mantener una actividad económica como autónomo a pesar de tener una incapacidad permanente total.

La declaración de incapacidad permanente total conlleva varias consecuencias significativas para el trabajador, independientemente de si es autónomo o empleado por cuenta ajena. Una de las principales consecuencias es la baja en la Seguridad Social del puesto de trabajo o actividad que la persona desempeñaba antes de ser declarada incapacitada. En el caso de trabajadores por cuenta ajena, la empresa debe abonar el finiquito correspondiente en el momento en que se recibe la declaración de incapacidad.

La pensión por incapacidad permanente total se caracteriza por ser vitalicia, pero está sujeta a revisiones periódicas por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Estas revisiones pueden resultar en la confirmación de la pensión, su incremento en caso de agravamiento, o su reducción o extinción si se observa una mejoría en la condición de salud del beneficiario.

La cuantía de la pensión se calcula en función de la base reguladora del trabajador y puede variar dependiendo de factores como la edad del beneficiario y si la incapacidad proviene de un accidente laboral o de otra causa. En particular, el cálculo puede diferir si la persona tiene más o menos de 52 años.

Finalmente, aunque el beneficiario de la pensión por incapacidad permanente total puede trabajar en un nuevo empleo, es fundamental que estas nuevas funciones no afecten negativamente a las limitaciones físicas o cognitivas que motivaron la concesión de la incapacidad. Esto asegura que la persona pueda continuar generando ingresos sin comprometer su salud ni su derecho a la pensión.

El importe de la pensión por incapacidad permanente total varía según diversas circunstancias. En términos mínimos, si la incapacidad es derivada de una enfermedad común y el beneficiario tiene cónyuge no a cargo, la pensión mínima es de 519,12 euros al mes. En el caso de tener cónyuge a cargo, la pensión máxima asciende a 821,84 euros mensuales.

Los beneficiarios de esta pensión recibirán un 55% de su base reguladora. Sin embargo, si la incapacidad se origina por un accidente laboral, no se requiere un período mínimo de cotización para acceder a la pensión. Además, si el beneficiario tiene más de 55 años y no realiza ninguna actividad laboral, este porcentaje puede incrementarse hasta un 75% de la base reguladora.

Es importante destacar que la pensión por incapacidad permanente total, aunque se considere vitalicia, es revisable. La Seguridad Social tiene la facultad de revisar las pensiones cada dos años para evaluar si la condición del beneficiario ha mejorado, empeorado o permanece igual. Esto se aplica a todas las pensiones por incapacidad, incluyendo la total, parcial, absoluta y de gran invalidez. Estas revisiones pueden llevar a diferentes resultados, como mantener la pensión en su estado actual, incrementar el grado de incapacidad o, en algunos casos, extinguir la pensión si se considera que el beneficiario ha recuperado la capacidad laboral.

Aunque la incapacidad permanente total es una pensión contributiva de la Seguridad Social con carácter vitalicio, no es necesariamente definitiva debido a su naturaleza revisable. Dependiendo de la situación del beneficiario, la pensión puede mantenerse, incrementarse o extinguirse tras las revisiones periódicas.

En particular, si una persona alcanza los 55 años de edad con incapacidad permanente total y se encuentra inactiva laboralmente, la base reguladora de la pensión puede aumentar del 55% al 75%. Sin embargo, cuando el beneficiario alcanza la edad de jubilación, debe elegir entre seguir recibiendo la pensión por incapacidad o cambiar a la pensión de jubilación contributiva, siempre que cumpla con los requisitos necesarios para esta última.

Para calcular la pensión por incapacidad permanente total, se aplica un porcentaje específico a la base reguladora, dependiendo de las causas que originaron la incapacidad. La cuantía mínima no puede ser inferior al 55% de la base mínima de cotización a la Seguridad Social, en caso de enfermedad común.

Por ejemplo, consideremos a un trabajador nacido el 10/06/1998, evaluado por el EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades) el 15/11/2020, cuando tenía 22 años y 5 meses. Como tenía menos de 31 años, se requiere que haya cotizado un tercio del tiempo transcurrido entre los 16 años y la fecha del hecho causante. Desde que cumplió 16 años hasta el EVI, transcurrieron 101 meses, por lo que necesitaba haber cotizado al menos 33,67 meses para tener derecho a la prestación.

Si este trabajador comenzó a trabajar el 01/01/2016 y fue evaluado en 2020, habría cotizado 58 meses, cumpliendo así con el período de cotización exigido para acceder a la pensión por incapacidad permanente total.

En el caso de un trabajador con 65 o más años en el momento del hecho causante que no cumpla los requisitos para la jubilación, la base reguladora se calculará dividiendo por 112 las bases de cotización de los 96 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

El aumento del 20% en la pensión por incapacidad permanente total está disponible para aquellos que cumplan con ciertos requisitos, como tener más de 55 años y no estar trabajando. Este incremento permite elevar el porcentaje de la base reguladora de la pensión. Para solicitar este plus, los interesados pueden acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social utilizando Cl@ve o un certificado digital.

La tarjeta de incapacidad permanente total se puede solicitar a través de la página web oficial de la Seguridad Social. Los interesados deben descargar y rellenar el documento de solicitud disponible en la Sede Electrónica de la Seguridad Social o en el Portal Tu Seguridad Social, bajo el apartado “Gestiona tu prestación”. Para completar la solicitud, es necesario contar con un certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve.

Si un trabajador accede a la pensión por incapacidad permanente total derivada de contingencias comunes después de alcanzar la edad de jubilación, pero no cumple con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, recibirá un porcentaje basado en el período mínimo de cotización establecido. Este porcentaje es actualmente del 50%, aplicado a la base reguladora correspondiente, según la normativa de la Seguridad Social.

La incapacidad permanente total cualificada es una categoría especial para trabajadores mayores de 55 años que, debido a su edad, falta de preparación o circunstancias laborales y sociales, tienen dificultades para acceder a un empleo distinto al que desempeñaban. En estos casos, se concede un aumento del 20% en la pensión, siempre y cuando el beneficiario no esté trabajando y dado de alta en la Seguridad Social.

Cuando la incapacidad permanente total es resultado de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, no se requiere un período mínimo de cotización para acceder a la pensión. No obstante, el beneficiario no debe haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación, salvo que la incapacidad derive de una enfermedad profesional. Es esencial que el trabajador presente informes médicos que demuestren las limitaciones físicas o psíquicas que le impiden continuar con su profesión habitual, así como la capacidad para desempeñar otras actividades laborales diferentes.

Sí, las personas que reciben una pensión por incapacidad permanente total deben presentar la Declaración de la Renta en 2024 si sus ingresos anuales superan ciertos umbrales. Específicamente, deben hacerlo si sus ingresos superan los 22.000 euros al año en el caso de tener un solo pagador. Si tienen dos pagadores, deben presentar la declaración si el total de ingresos supera los 15.000 euros al año y si el segundo pagador aporta más de 1.500 euros.

Por lo general, no es posible cobrar dos pensiones por incapacidad permanente al mismo tiempo. Si un beneficiario tiene derecho a dos pensiones tras el reconocimiento de una nueva incapacidad por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), deberá elegir entre una de ellas. La jurisprudencia establece que “la pérdida de una renta profesional no puede protegerse simultáneamente con la percepción de dos prestaciones con la misma finalidad de sustitución”.

Sin embargo, existe una excepción: es posible recibir dos pensiones por incapacidad permanente si provienen de dos regímenes diferentes de la Seguridad Social. Los regímenes que conforman el sistema de la Seguridad Social son:

• Régimen General de la Seguridad Social.
• Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
• Régimen Especial de la Minería del Carbón.
• Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Sí, es compatible. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) permite que la prestación por desempleo, conocida como paro, se combine con la pensión por incapacidad permanente total para la profesión habitual.

Para acceder a ambos beneficios, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Estar en situación legal de desempleo y haber agotado la prestación contributiva a la que se tenía derecho. Si no se tenía derecho a paro, se debe haber cotizado al menos 90 días.

Cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, lo que implica haber cotizado al menos 15 años, de los cuales seis deben pertenecer al Régimen General de la Seguridad Social y dos deben estar dentro de los últimos 15 años anteriores a la solicitud del subsidio.

Tener ingresos por debajo del 75% del salario mínimo interprofesional, que en 2024 equivale a 750 euros mensuales. Para acceder a ambos subsidios, los ingresos no pueden superar este umbral.

En 2024, las retenciones de IRPF para las pensiones por incapacidad permanente total son un aspecto crucial para los beneficiarios, ya que influyen directamente en el importe neto que se recibe cada mes. Comprender cómo se aplican estas retenciones es esencial para una correcta planificación financiera.

Las retenciones de IRPF en las pensiones por incapacidad permanente total dependen de varios factores, como el importe total de la pensión, la situación familiar del pensionista (si tiene cónyuge a cargo, hijos, etc.), y otras posibles fuentes de ingresos. A continuación, te proporciono una tabla con ejemplos orientativos de las retenciones aplicables en 2024 para distintos tramos de pensión:

Aunque la Seguridad Social no ofrece un listado oficial de patologías o accidentes que justifiquen una incapacidad permanente, existen enfermedades comúnmente reconocidas que pueden iniciar el proceso para solicitar esta pensión. Según el despacho de abogados Campmany Abogados, algunas de las enfermedades que podrían ser consideradas incapacitantes incluyen:

• Miopía Magna
• Narcolepsia
• Neuropatía cubital
• Postpolio
• Enfermedades renales
• Epilepsia
• EPOC
• Esclerosis Múltiple
• Espondilitis anquilosante
• Espondilosis degenerativa
• Esquizofrenia
• Estenosis foraminal
• Fibromialgia
• Fibrosis quística
• Cáncer
• Cardiopatía Isquémica
• Condromalacia Rotuliana
• Depresión
• Diabetes
• Distimia
• Distrofia de conos y bastones
• Enfermedad de Behçet
• Enfermedad de Crohn y Colitis ulcerosa
• Enfermedades hepáticas
• Agorafobia
• Albinismo
• Alzhéimer
• Aniridia
• Artritis Reumatoide
• Artrosis cervical
• Ataxia

Aunque la Seguridad Social no ofrece un listado oficial de patologías o accidentes que justifiquen una incapacidad permanente, existen enfermedades comúnmente reconocidas que pueden iniciar el proceso para solicitar esta pensión. Según el despacho de abogados Campmany Abogados, algunas de las enfermedades que podrían ser consideradas incapacitantes incluyen:

La incapacidad permanente total en España es una prestación fundamental que afecta profundamente la vida de quienes la padecen, tanto en el ámbito laboral como personal. Esta condición se reconoce cuando un trabajador no puede continuar en su empleo habitual pero puede desempeñar otras tareas laborales, marcando un punto de inflexión en su carrera profesional.

El sistema de Seguridad Social español ofrece diversas formas de apoyo a los afectados, incluyendo pensiones y ayudas económicas. Además, se contempla la posibilidad de que los beneficiarios reorienten su vida laboral hacia nuevas áreas donde su incapacidad no sea un impedimento. Las revisiones periódicas de las pensiones aseguran que se ajuste el nivel de asistencia a las necesidades reales del beneficiario.

Es crucial que los afectados conozcan sus derechos y las posibilidades que tienen para solicitar mejoras en sus pensiones, como el incremento del 20% para mayores de 55 años. También es importante entender la compatibilidad de la pensión con otras ayudas o trabajos, siempre que se cumplan los requisitos específicos.

El reconocimiento de enfermedades que pueden conducir a la incapacidad permanente es un proceso complejo y personal, que requiere la validación de profesionales médicos y la evaluación de su impacto en la capacidad laboral. Aunque no existe un listado oficial de enfermedades incapacitantes, existen guías como las proporcionadas por Campmany Abogados que ayudan a identificar condiciones que podrían ser consideradas para esta prestación.

En resumen, la legislación española está diseñada para proteger a los trabajadores en situaciones de incapacidad, ofreciendo tanto alternativas para su reintegración laboral como un soporte económico adecuado cuando el regreso al trabajo no es posible.

Antes de abordar en detalle las prestaciones y ventajas de ser pensionista por incapacidad permanente, es fundamental comprender qué implica esta condición y cuándo puede ser reconocida oficialmente. La incapacidad permanente es una condición laboral en la que una persona, debido a una lesión o enfermedad irreversible, se ve imposibilitada para desempeñar la actividad laboral que desempeñaba hasta el momento de este reconocimiento. En función de la consideración de la administración pública, esta incapacidad lo será de forma total o absoluta.

Este reconocimiento es resultado de un proceso de evaluación médica y administrativa llevado a cabo por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que determina el grado de incapacidad y las prestaciones económicas correspondientes. Estas prestaciones tienen como objetivo proporcionar un sustento económico a la persona afectada, garantizando su capacidad para mantener una calidad de vida digna, a pesar de no poder continuar con su actividad laboral.

En el sistema de Seguridad Social en España, existen varios tipos de incapacidad permanente, cada uno con su propio grado de afectación y porcentaje de la base reguladora que se paga al beneficiario. A continuación, se detallan los principales tipos de incapacidad y los porcentajes que se aplican para calcular la pensión:

Descripción: Este tipo de incapacidad se concede cuando el trabajador sufre una disminución en su rendimiento laboral de al menos un 33%, pero puede continuar realizando las tareas fundamentales de su trabajo habitual.

Porcentaje: En este caso, no se recibe una pensión mensual, sino una indemnización a tanto alzado, equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora.

Descripción: La incapacidad permanente total se otorga cuando el trabajador queda inhabilitado para realizar su trabajo habitual, pero puede dedicarse a otra actividad profesional distinta.

Porcentaje: La pensión se calcula aplicando un 55% de la base reguladora. Este porcentaje puede incrementarse al 75% si el beneficiario tiene más de 55 años y se encuentra inactivo laboralmente.

Descripción: Este tipo de incapacidad se reconoce cuando el trabajador está inhabilitado para realizar cualquier tipo de actividad laboral, no solo su trabajo habitual.

Porcentaje: La pensión por incapacidad permanente absoluta corresponde al 100% de la base reguladora.

Descripción: La gran invalidez se concede cuando, además de estar inhabilitado para trabajar, el beneficiario necesita la asistencia de otra persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Porcentaje: Además de recibir el 100% de la base reguladora, el beneficiario recibe un complemento económico adicional para cubrir los gastos derivados de la asistencia de un tercero.

La incapacidad permanente total, en principio, se considera de duración indefinida. Sin embargo, es común que periódicamente se realicen revisiones para verificar que la situación del beneficiario no ha cambiado y que sigue cumpliendo con los requisitos para recibir la prestación. Estas revisiones buscan asegurar que la persona sigue necesitando el apoyo económico y social proporcionado.

Aunque la incapacidad permanente total se otorga con la expectativa de ser permanente, existen varias situaciones que pueden llevar a su retirada:

Obtención fraudulenta de la prestación: Si se descubre que la persona obtuvo la incapacidad mediante engaño o fraude, la prestación será revocada.

Imprudencias del beneficiario: Si la situación de incapacidad se agrava debido a imprudencias o acciones irresponsables por parte del beneficiario, la prestación puede ser retirada.

Abandono del tratamiento o rehabilitación: El rechazo a seguir los tratamientos médicos o de rehabilitación recomendados, o el abandono de los mismos, puede llevar a la retirada de la incapacidad si se considera que esto ha agravado la situación.

Mejoría o curación: Si en una revisión médica se constata que la persona ha mejorado significativamente o se ha curado, se puede retirar la prestación.

Fallecimiento del beneficiario: Evidentemente, la incapacidad permanente total se extingue en caso de fallecimiento del beneficiario.

Obtención de la pensión de jubilación: Al alcanzar la edad de jubilación y obtener la pensión correspondiente, la prestación por incapacidad permanente total puede cesar.

Revisión de oficio por la entidad gestora: La entidad gestora puede llevar a cabo revisiones de oficio para asegurarse de que las condiciones iniciales de la incapacidad se mantienen.

Una persona con una incapacidad permanente total reconocida recibe automáticamente un grado de discapacidad del 33%. Este reconocimiento es importante ya que abre la puerta a otros beneficios y ayudas adicionales para personas con discapacidad. En algunos casos, dependiendo de la severidad de la condición y otras evaluaciones, el grado de discapacidad asignado puede ser superior.

En resumen, aunque la incapacidad permanente total se otorga con la intención de proporcionar apoyo de por vida, existen varias circunstancias que pueden llevar a su revisión y posible retirada. Es crucial que los beneficiarios mantengan un seguimiento adecuado de sus tratamientos y eviten acciones que puedan comprometer su situación para asegurar la continuidad de la prestación.

Ahora que entendemos los tipos de incapacidad permanente, vamos a explorar las ventajas específicas de ser pensionista por incapacidad permanente. Estas ventajas están diseñadas para proporcionar un apoyo integral a quienes no pueden continuar con su vida laboral habitual.

Una de las mayores ventajas es la seguridad económica que proporciona la pensión. Las pensiones por incapacidad permanente aseguran que la persona pueda mantenerse a sí misma y a su familia, incluso cuando no puede trabajar.

En el caso de la incapacidad permanente total, el beneficiario recibe una pensión que puede ser hasta el 55% de la base reguladora. Esto puede aumentar hasta el 75% si la persona tiene más de 55 años y encuentra dificultades para obtener un nuevo empleo.

Para aquellos con incapacidad permanente absoluta, la pensión puede ser del 100% de la base reguladora. Esto proporciona una mayor estabilidad económica, ya que cubre todas las necesidades básicas de la persona incapacitada.

Las personas con incapacidad permanente tienen la oportunidad de continuar su vida laboral en otros tipos de trabajos que no demanden las mismas capacidades que su puesto anterior. Esto les permite complementar su pensión con ingresos adicionales, ayudando a mantener su estabilidad económica y mejorar su calidad de vida. Esta opción es especialmente valiosa para aquellos que aún desean estar activos laboralmente y aprovechar sus habilidades en otras áreas.Para aquellos con incapacidad permanente absoluta, la pensión puede ser del 100% de la base reguladora. Esto proporciona una mayor estabilidad económica, ya que cubre todas las necesidades básicas de la persona incapacitada.

Las personas con incapacidad permanente pueden beneficiarse de ayudas específicas para la adquisición, adaptación o alquiler de viviendas. Estas ayudas están orientadas a garantizar que la persona viva en un entorno adecuado y accesible, que responda a sus necesidades particulares. En muchos casos, estas ayudas pueden incluir subvenciones para realizar reformas en la vivienda que faciliten la movilidad y el acceso, mejorando así la independencia y comodidad del beneficiario.

Las familias numerosas que cuentan con uno o más miembros con discapacidad pueden acceder a una serie de ayudas adicionales que están diseñadas para aliviar la carga económica que supone mantener una familia con necesidades especiales. Estas ayudas pueden incluir reducciones fiscales, subsidios específicos y beneficios adicionales en el acceso a servicios públicos y privados, todos ellos orientados a mejorar el bienestar general de la familia.

Cuando un miembro de la familia tiene una discapacidad, la unidad familiar puede recibir ayudas adicionales destinadas a apoyar tanto al individuo como a la familia en su conjunto. Estas ayudas pueden cubrir gastos médicos, de transporte, educativos y otros servicios esenciales, asegurando que el miembro discapacitado reciba el cuidado y la atención necesarios, al mismo tiempo que se alivia la carga económica sobre la familia.

Las personas con incapacidad permanente disfrutan de una serie de beneficios fiscales que les permiten reducir su carga impositiva. Estos beneficios pueden incluir deducciones en la Declaración de la Renta, exenciones en ciertos tributos y reducciones significativas en el pago del IRPF. Estas ventajas fiscales están diseñadas para compensar los gastos adicionales que suelen asociarse con la discapacidad, como cuidados especiales, tratamientos médicos y la adaptación del hogar.

Además de la pensión de incapacidad, las personas que se encuentran sin empleo y tienen reconocida una incapacidad permanente pueden solicitar subsidios por desempleo. Este subsidio proporciona un respaldo económico adicional mientras la persona busca un nuevo empleo que se adapte a sus capacidades. Este apoyo es crucial para garantizar la seguridad económica del individuo durante el tiempo que esté desempleado, especialmente en aquellos casos donde la reubicación laboral puede tardar más debido a la necesidad de encontrar un puesto compatible con su situación.

Los trabajadores autónomos que sufren una incapacidad permanente pueden acceder a ayudas específicas que les permiten continuar con su actividad profesional de manera adaptada o, en su defecto, recibir apoyo para iniciar una nueva actividad. Estas ayudas son esenciales para que los autónomos puedan seguir generando ingresos a pesar de su discapacidad, y pueden incluir subvenciones, formación para nuevas competencias y asesoramiento empresarial adaptado a su situación.

Las personas con discapacidad pueden beneficiarse de un IVA reducido del 4% en la compra de un vehículo, así como de ayudas en la matriculación. Estas ventajas están diseñadas para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad, permitiéndoles adquirir vehículos adaptados a sus necesidades a un costo más accesible. Además, estas ayudas contribuyen a mejorar su independencia y calidad de vida, ya que un vehículo adecuado es clave para mantener la autonomía en los desplazamientos diarios.

Existen diversas becas de estudio específicamente destinadas a personas con discapacidad que desean continuar su formación académica. Estas becas pueden cubrir desde matrículas hasta gastos de manutención, y están diseñadas para eliminar las barreras económicas que podrían impedir el acceso a la educación superior. El objetivo es fomentar la inclusión educativa y proporcionar a las personas con discapacidad las herramientas necesarias para desarrollarse profesional y personalmente, lo que a largo plazo contribuye a su integración plena en la sociedad.

Las personas con incapacidad permanente pueden acceder a descuentos significativos en los abonos de transporte público. Estos descuentos son especialmente útiles en áreas urbanas, donde el transporte es un elemento esencial de la vida diaria. Además de reducir los costos de desplazamiento, estos abonos contribuyen a facilitar la movilidad y la inclusión social, permitiendo que las personas con discapacidad participen más activamente en la comunidad.

Los pensionistas con incapacidad permanente pueden disfrutar de descuentos exclusivos en museos, instituciones culturales y diversos espacios de ocio. Estos descuentos son una manera de fomentar la participación cultural y el disfrute de actividades recreativas, que son esenciales para el bienestar emocional y social. Al hacer estos espacios más accesibles económicamente, se promueve la integración de las personas con discapacidad en la vida cultural y social de su comunidad.

La tarjeta de aparcamiento para discapacitados permite a las personas con movilidad reducida aparcar en plazas reservadas, lo cual es especialmente importante en grandes ciudades donde encontrar estacionamiento puede ser un desafío. Esta tarjeta no solo facilita los desplazamientos en vehículo propio, sino que también reduce el estrés asociado con la búsqueda de aparcamiento, mejorando así la autonomía y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Las personas con incapacidad permanente tienen derecho a acceder a equipamiento médico y productos farmacéuticos especiales que son esenciales para su salud y bienestar. Estos recursos, que pueden incluir desde dispositivos de movilidad hasta medicamentos específicos, están diseñados para atender las necesidades particulares de las personas con discapacidad, permitiéndoles llevar una vida lo más plena y autónoma posible. Además, en muchos casos, estos productos están subvencionados, lo que reduce el coste para el beneficiario.

Para acceder a una pensión por incapacidad permanente total, es necesario cumplir con ciertos criterios establecidos por la Seguridad Social. Estos requisitos aseguran que la persona solicitante realmente se encuentra en una situación que justifica la concesión de la pensión. A continuación, se detallan los principales requisitos:

• Edad del solicitante: Es fundamental que la persona tenga menos de 60 años en el momento de la solicitud. Este límite de edad se establece porque, al superarlo, la pensión por incapacidad permanente total podría transformarse en otro tipo de prestación.

   

• Carácter permanente de las lesiones: Las lesiones o enfermedades que justifican la solicitud deben ser de naturaleza permanente y definitiva. Esto significa que, según el criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), no hay posibilidades de mejora significativa tras las revisiones médicas pertinentes.

   

• Compatibilidad laboral: El trabajador, ya sea por cuenta propia o ajena, debe estar desempeñando una actividad laboral compatible con la incapacidad total. Es decir, aunque la persona no pueda ejercer su profesión habitual debido a las limitaciones físicas o psíquicas, sí puede realizar otros trabajos que no agraven su condición.

   

• Cumplimiento de los plazos de cotización: Es imprescindible haber cotizado el tiempo mínimo necesario para acceder a la pensión. Este período de cotización, conocido como carencia, varía en función de la edad del solicitante y el tipo de incapacidad. Cumplir con este requisito asegura que el solicitante ha contribuido lo suficiente al sistema para ser elegible.

En España, la Seguridad Social ofrece una serie de ayudas y prestaciones destinadas a apoyar a aquellas personas que han sido declaradas con incapacidad permanente. Estas ayudas están diseñadas para garantizar el bienestar económico y mejorar la calidad de vida de los afectados. A continuación, se describen las principales ayudas disponibles:

• Pensión por incapacidad permanente: Esta es la principal ayuda económica que ofrece la Seguridad Social a las personas que han sido reconocidas con incapacidad permanente. Se trata de una prestación mensual cuyo importe depende de varios factores, como el grado de incapacidad y las cotizaciones previas del beneficiario. Esta pensión busca proporcionar un ingreso estable que permita cubrir las necesidades básicas del individuo.

   

• Asistencia médica y programas de rehabilitación: Además de la pensión económica, la Seguridad Social ofrece acceso a una amplia gama de servicios médicos y programas de rehabilitación. Estos servicios están orientados a mantener y mejorar la salud de las personas con incapacidad permanente, ayudándoles a gestionar su condición y, en la medida de lo posible, recuperar parte de su funcionalidad.

   

• Ayudas para la movilidad: Las personas que enfrentan dificultades de movilidad debido a su incapacidad pueden acceder a diversas ayudas técnicas. Estas incluyen desde sillas de ruedas hasta dispositivos especiales diseñados para facilitar el desplazamiento y la independencia en el día a día. El objetivo es mejorar la autonomía y la calidad de vida, permitiendo que los afectados puedan llevar una vida lo más normal posible.

La base reguladora es un concepto fundamental en la determinación de la cuantía de las pensiones por incapacidad permanente. Se refiere al promedio de las bases de cotización del trabajador durante un período específico y es la base sobre la cual se calcula el importe de la pensión. Entender cómo se determina la base reguladora es crucial para aquellos que están en proceso de solicitar una pensión por incapacidad permanente o que desean comprender mejor cómo se calculará su prestación.

El cálculo de la base reguladora varía dependiendo del origen de la incapacidad (enfermedad común, accidente de trabajo, etc.) y de la situación laboral del trabajador. A continuación, se describen los pasos generales para calcular la base reguladora:

Incapacidad derivada de enfermedad común o accidente no laboral:

Si la incapacidad permanente es consecuencia de una enfermedad común o un accidente no laboral, la base reguladora se calcula tomando en cuenta las bases de cotización de un período específico anterior al hecho causante de la incapacidad.

Para trabajadores menores de 52 años, se utiliza un período de 96 meses (8 años) de bases de cotización anteriores al mes anterior al hecho causante. Estas bases se suman y se dividen por 112, obteniendo así la base reguladora.

Para mayores de 52 años, se pueden utilizar otros períodos de cotización para calcular la base reguladora, dependiendo de las normativas aplicables.

Incapacidad derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional:

Cuando la incapacidad permanente se deriva de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el cálculo de la base reguladora se realiza utilizando las bases de cotización del año inmediatamente anterior al accidente o al diagnóstico de la enfermedad.

Aquí, la base reguladora se determina sumando las bases de cotización de los 12 meses anteriores al hecho causante y dividiendo el resultado por 12.

Varios factores pueden influir en la base reguladora, incluyendo el tipo de contrato, la categoría profesional, y la regularidad de las cotizaciones. Por ejemplo, un trabajador con un historial de cotizaciones regulares y constantes a lo largo de su carrera tendrá una base reguladora más estable, mientras que aquellos con interrupciones en su vida laboral pueden ver variaciones más significativas en la base reguladora.

Es importante señalar que la base reguladora no siempre representa el salario completo del trabajador, sino un promedio basado en las bases de cotización que han sido efectivamente reportadas a la Seguridad Social. Por esta razón, es crucial mantener un buen historial de cotización, ya que este afectará directamente el cálculo de la pensión.

Una vez calculada la base reguladora, se aplica un porcentaje determinado según el grado de incapacidad reconocido:

Incapacidad permanente total: El porcentaje aplicado es del 55% de la base reguladora, que puede incrementarse al 75% si el beneficiario tiene más de 55 años y no está trabajando.

Incapacidad permanente absoluta: Se aplica el 100% de la base reguladora, dado que esta incapacidad impide realizar cualquier tipo de trabajo.

Gran invalidez: Además del 100% de la base reguladora, se añade un complemento adicional para cubrir los gastos de asistencia de una tercera persona.

La pensión por incapacidad permanente total, que representa el 75% de la base reguladora del trabajador, se establece en esta cuantía por una serie de razones clave que buscan equilibrar tanto el bienestar del beneficiario como la sostenibilidad del sistema de pensiones. A continuación, se explican los principales motivos detrás de este porcentaje:

• Compensación por la pérdida de ingresos: La incapacidad permanente total impide que el trabajador continúe desempeñando su profesión habitual, lo que a menudo resulta en una pérdida considerable de ingresos. La pensión del 75% de la base reguladora está diseñada para compensar esta pérdida de manera razonable, proporcionando un ingreso que ayude a mitigar el impacto económico de la incapacidad.

   

• Mantenimiento de un nivel de vida digno: El objetivo de fijar la pensión en el 75% es garantizar que el beneficiario pueda mantener un nivel de vida adecuado, adaptado a su nueva situación. Aunque el ingreso es menor que el que podría recibir si estuviera trabajando en su ocupación habitual, se considera suficiente para cubrir las necesidades básicas y permitir una vida digna.

   

• Incentivo para la reintegración laboral: Al no ser una pensión completa del 100%, se mantiene un incentivo para que el beneficiario busque nuevas oportunidades laborales en campos que sean compatibles con su condición. Esto no solo favorece la reintegración laboral y social del individuo, sino que también promueve la participación activa en la economía.

   

• Sostenibilidad del sistema de pensiones: Otorgar pensiones al 75% de la base reguladora, en lugar del 100%, contribuye a la estabilidad financiera del sistema de seguridad social. Este enfoque permite que los recursos disponibles se distribuyan de manera más equitativa entre todos los beneficiarios, asegurando la viabilidad a largo plazo del sistema y evitando un agotamiento prematuro de los fondos.

   

• Cobertura adecuada pero moderada: La pensión del 75% ofrece una cobertura suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador incapacitado sin eliminar completamente el incentivo para buscar otras fuentes de ingresos o participar en programas de rehabilitación. De esta forma, se logra un equilibrio entre proporcionar una ayuda significativa y alentar la autonomía y la reintegración del individuo.

En algunos casos específicos, el porcentaje puede ser ajustado mediante incrementos o complementos, como por ejemplo, cuando se aplican aumentos por hijos a cargo. Sin embargo, el 75% constituye la base estándar en muchos sistemas de seguridad social, balanceando la protección del beneficiario con la salud financiera del sistema.

La respuesta es afirmativa. Las personas que han sido reconocidas con una incapacidad permanente total tienen la posibilidad de seguir trabajando, siempre y cuando el nuevo empleo no sea el mismo que desempeñaban antes de ser declarados con dicha incapacidad. Este es uno de los elementos clave que distingue a la incapacidad permanente total de la incapacidad permanente absoluta, la cual impide a la persona realizar cualquier tipo de trabajo.

La normativa define el “trabajo habitual” de la siguiente manera, dependiendo del origen de la incapacidad:

• Enfermedad Común: Si la incapacidad se debe a una enfermedad común, la profesión habitual se refiere a la que la persona ha ejercido en los últimos 12 meses previos a la declaración de incapacidad. Es decir, cualquier otro trabajo fuera de este contexto sería considerado apto para ser desempeñado, siempre y cuando las condiciones de salud lo permitan.

   

• Accidente (Laboral o No Laboral): Si la incapacidad se origina a partir de un accidente, ya sea en el ámbito laboral o fuera de él, la profesión habitual es aquella que la persona ejercía en el momento exacto del accidente. En este caso, la persona puede buscar y aceptar empleos diferentes a su ocupación en el momento del accidente, siempre que su condición lo permita.

El hecho de que las personas con incapacidad permanente total puedan trabajar en otras profesiones les brinda una oportunidad valiosa para mantenerse activos laboralmente y mejorar su calidad de vida. Este enfoque no solo permite que continúen contribuyendo a la economía, sino que también les ofrece una vía para la reintegración social, adaptándose a nuevas funciones que sean compatibles con sus capacidades.

Sí, en España es posible que una persona con una incapacidad permanente total vea su situación reevaluada y, eventualmente, reciba el reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta. Este cambio de grado debe ser evaluado y aprobado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y se basa en una serie de consideraciones médicas y legales.

El cambio de una incapacidad permanente total a una absoluta generalmente ocurre cuando el estado de salud del beneficiario se deteriora significativamente. Esto puede suceder debido a la aparición de nuevas secuelas, el agravamiento de las condiciones ya existentes, o el desarrollo de nuevas patologías. En tales casos, el trabajador afectado debe solicitar una Revisión de Grado al INSS.

Para iniciar el proceso de cambio de grado, es fundamental recopilar y presentar una serie de informes médicos actualizados. Estos informes, emitidos por los especialistas que están tratando al paciente en el sistema de salud pública, deben documentar claramente el empeoramiento de la condición y sus consecuencias sobre la capacidad laboral. Además, es útil incluir cualquier otro tipo de documentación relevante, como informes de urgencias, pruebas diagnósticas o biomecánicas.

Es crucial entender que, aunque el trabajador ya esté reconocido con una incapacidad permanente total, no necesita cumplir nuevamente con los requisitos de cotización, ya que estos siguen siendo válidos desde la primera evaluación. Sin embargo, para que se considere la posibilidad de cambiar a una incapacidad permanente absoluta, el solicitante no debe haber alcanzado aún la edad de jubilación ordinaria.

Este proceso de revisión y cambio de grado es importante porque una incapacidad permanente absoluta representa un reconocimiento de que la persona no puede realizar ningún tipo de actividad laboral, lo que conlleva un ajuste en la pensión recibida, reflejando la gravedad de la nueva situación.

No todos los pensionistas por incapacidad permanente tienen derecho a recibir la paga extra de Navidad. La normativa de la Seguridad Social establece que, si bien la mayoría de las pensiones contributivas en España incluyen dos pagas extras al año, existen excepciones importantes que deben considerarse.

En particular, los pensionistas que reciben una pensión por incapacidad permanente total, absoluta o Gran Invalidez derivada de una enfermedad profesional o de un accidente laboral no reciben la paga extra de Navidad. Esto se debe a que las pensiones derivadas de estas circunstancias se abonan en 12 mensualidades ordinarias, en lugar de las 14 pagas que incluyen las dos pagas extraordinarias de junio y noviembre.

La razón detrás de esto es que, para estos pensionistas, las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias. Es decir, el importe que normalmente se recibiría en las pagas extras se distribuye a lo largo de las 12 pagas mensuales del año. Por lo tanto, aunque no reciban una paga extra en Navidad, el total anual que perciben es equivalente al de los pensionistas que sí reciben pagas extraordinarias.

Por otro lado, aquellos pensionistas cuya pensión no está relacionada con una enfermedad profesional o accidente de trabajo, siguen recibiendo sus dos pagas extras al año, una de las cuales se abona en noviembre, conocida comúnmente como la paga extra de Navidad.

En resumen, la posibilidad de recibir la paga extra de Navidad depende del origen de la pensión. Aquellos cuyas pensiones derivan de accidentes laborales o enfermedades profesionales no reciben esta paga extra, pero tienen su importe prorrateado en sus pagos mensuales, asegurando que no cobren menos en total al final del año.

Sí, la pensión por incapacidad permanente total incluye pagas extras, al igual que otras pensiones contributivas en el sistema de la Seguridad Social. En general, los beneficiarios reciben dos pagas extras al año, una en junio y otra en noviembre, coincidiendo con las pagas extraordinarias tradicionales.

Estas pagas extras se calculan utilizando la misma base reguladora que se utiliza para la pensión mensual, por lo que el importe de cada paga extra es igual al de una mensualidad ordinaria. Es importante destacar que no todos los beneficiarios reciben estas pagas extras de la misma manera, ya que hay excepciones dependiendo del origen de la incapacidad.

En casos donde la incapacidad permanente total deriva de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, las pagas extras están prorrateadas dentro de las mensualidades ordinarias. Esto significa que, aunque no reciban una paga extra diferenciada en junio y noviembre, el importe total anual sigue siendo equivalente al de quienes sí reciben estas pagas adicionales de forma separada.

Para quienes reciben la pensión por incapacidad permanente total derivada de una enfermedad común o un accidente no laboral, las pagas extras se abonan de manera separada, sumándose a las 12 mensualidades habituales.

Para ilustrar qué situaciones pueden llevar a la concesión de una incapacidad permanente total, es útil revisar algunos casos prácticos que reflejan cómo se aplica esta categoría en el mundo real.

Imaginemos a un vigilante de seguridad que desarrolla una hernia discal, una condición que le impide realizar las tareas físicas necesarias para desempeñar su trabajo con seguridad y eficacia. Debido a las limitaciones físicas que le impiden continuar en su rol habitual, este trabajador podría ser considerado para una incapacidad permanente total. Aunque no podría seguir trabajando como vigilante de seguridad, podría buscar empleo en una posición menos exigente físicamente, como auxiliar administrativo, siempre que sus capacidades lo permitan.

Otro ejemplo podría ser el de un conductor de autobús que sufre una pérdida significativa de visión, una condición que hace imposible que siga conduciendo vehículos de transporte público de manera segura. En este caso, la incapacidad permanente total sería aplicable, impidiéndole continuar en su rol habitual. Sin embargo, al igual que el vigilante de seguridad, este trabajador podría desempeñar otras funciones que no requieran una visión perfecta, como podría ser un puesto administrativo o de atención al cliente.

Consideremos también el caso de Juan, un trabajador nacido en 1968 que ha estado afiliado a la Seguridad Social desde 1988. En 2015, Juan entra en situación de incapacidad temporal debido a una enfermedad común, y después de un proceso de evaluación, en 2017, el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) recomienda que se le conceda la incapacidad permanente total. En el momento de la decisión, Juan tiene 49 años y ha acumulado una cotización significativa a lo largo de su vida laboral. Cumple con todos los requisitos de cotización exigidos por la ley, lo que le da derecho a recibir esta prestación.

Los casos anteriores reflejan situaciones en las que las personas afectadas han acumulado suficiente tiempo de cotización y cumplen con los requisitos establecidos por la Seguridad Social para recibir una pensión por incapacidad permanente total. Estos requisitos incluyen estar afiliado y en alta en el momento de la evaluación, que la incapacidad sea reconocida oficialmente por la Seguridad Social, y haber cumplido con el período de cotización necesario, que depende de la edad y la fecha en que ocurre el hecho causante de la enfermedad o lesión.

Las personas que reciben una pensión por incapacidad permanente total y que han alcanzado los 55 años de edad pueden tener derecho a un incremento en su pensión. Este aumento, conocido como “pensión cualificada,” supone un 20% adicional sobre la base reguladora, lo que eleva el importe mensual que percibe el beneficiario.

Para acceder a este incremento, es necesario cumplir con dos condiciones principales:

• Tener 55 años o más: El beneficiario debe haber cumplido los 55 años. Este requisito es fundamental para considerar la pensión cualificada, ya que está diseñada para apoyar a quienes se encuentran en una etapa de la vida en la que es más difícil reincorporarse al mercado laboral.

   

• No estar trabajando: Aunque las personas con una incapacidad permanente total tienen la posibilidad de trabajar en empleos compatibles con su situación sin perder la pensión, para acceder a este aumento del 20%, el beneficiario debe estar desempleado. Es decir, no debe estar realizando ninguna actividad laboral, incluso aquellas que serían compatibles con la pensión. Además, no se permite la percepción de otros ingresos, incluidos los generados por prestaciones por desempleo derivadas de trabajos anteriores.

Si una persona cumple con estos requisitos, puede solicitar el aumento del 20% en su pensión. Este incremento se añade al importe base de la pensión, proporcionando un apoyo financiero adicional significativo para quienes, debido a su edad y condición de salud, tienen dificultades para encontrar un empleo que les permita complementar su pensión.

Este beneficio está diseñado para garantizar que las personas mayores de 55 años con incapacidad permanente total puedan mantener un nivel de vida digno, a pesar de las limitaciones que puedan enfrentar para reinsertarse en el mundo laboral.

El proceso de aprobación de una pensión por incapacidad permanente total por parte de la Seguridad Social no es inmediato y puede llevar un tiempo considerable. En general, la Seguridad Social dispone de un plazo de hasta 183 días hábiles para emitir una resolución sobre una solicitud de incapacidad permanente total. Este período es notablemente más largo que el tiempo asignado para otras prestaciones, como las pensiones de jubilación o viudedad, que suelen resolverse en un plazo de 90 días.

Sí, es posible compatibilizar la pensión por incapacidad permanente total con otras ayudas económicas. Existen hasta siete prestaciones adicionales que pueden solicitar los beneficiarios de esta pensión, lo que les permite complementar su ingreso mensual.

La razón por la cual es posible acceder a estas ayudas es que una persona con incapacidad permanente total, aunque no pueda desempeñar su trabajo habitual, sí puede trabajar en otros tipos de empleo que sean compatibles con su condición. Esto está estipulado en el artículo 163 de la Ley General de la Seguridad Social de 2015, que establece que, aunque generalmente se debe optar por una prestación cuando se tiene derecho a más de una, existen excepciones en las que se pueden cobrar varias ayudas al mismo tiempo.

Las personas desempleadas que reciben una pensión por incapacidad permanente total y perciben una cantidad igual o inferior a 723,75 euros mensuales pueden solicitar las siguientes ayudas adicionales:

Subsidio por insuficiencia de cotización: Para quienes no alcanzaron el mínimo de cotización necesario para otras prestaciones.

Ayuda familiar: Dirigida a personas con responsabilidades familiares que se encuentran desempleadas.

Subsidio para mayores de 45 Años: Una ayuda para quienes superan esta edad y tienen dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

Subsidio para mayores de 52 Años: Similar al anterior, pero para aquellos que han alcanzado los 52 años.

Renta activa de inserción (RAI): Una ayuda destinada a personas en situación de especial necesidad y dificultad para encontrar empleo.

Subsidio extraordinario por desempleo (SED): Para quienes han agotado otras prestaciones por desempleo y siguen sin empleo.

En ciertos casos, es posible percibir la pensión por incapacidad permanente total junto con otras prestaciones. Por ejemplo, si el beneficiario sufre una baja temporal debido a una enfermedad o accidente no relacionado con la incapacidad inicial, puede recibir tanto la pensión como la baja médica. Esto permite que las personas afectadas tengan un mayor respaldo económico en situaciones de necesidad.

En el caso de las pensiones de viudedad y orfandad, la normativa permite que ambas se perciban de manera simultánea, aunque existe un límite máximo en la suma de ambas prestaciones, fijado en 2.560 euros mensuales. Esto significa que, aunque una persona pueda recibir ambas pensiones, la cantidad total no puede superar ese tope.

Por otro lado, cuando se trata de compatibilizar la pensión por incapacidad permanente total con otras ayudas adicionales, es fundamental considerar el límite de ingresos. El beneficiario no debe tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este porcentaje establece que solo quienes se encuentran en situaciones económicas más precarias pueden acceder a estas ayudas adicionales.

Como resultado de esta normativa, el máximo que un pensionista puede recibir mensualmente de estas ayudas adicionales es de 723,75 euros, que corresponde al 75% del SMI. Este umbral garantiza que las prestaciones se distribuyan a quienes realmente las necesitan, manteniendo el equilibrio y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.

Sí, es posible compatibilizar una pensión por incapacidad permanente total con el subsidio para personas mayores, siempre que se cumplan ciertos requisitos específicos. Para acceder a este subsidio, es necesario estar en situación legal de desempleo y haber agotado la prestación contributiva a la que se tenía derecho previamente. Si no se tiene derecho a paro, se debe contar al menos con 90 días de cotización.

Además, es imprescindible haber acumulado 15 años de cotización a lo largo de la vida laboral, de los cuales al menos 6 deben pertenecer al Régimen General de la Seguridad Social. De estos 15 años, al menos 2 deben encontrarse dentro de los últimos 15 años anteriores a la solicitud del subsidio. Otro requisito clave es que las rentas del solicitante no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir, no deben exceder los 750 euros mensuales.

Respecto a la duración de la incapacidad permanente total, aunque se trata de una pensión vitalicia y contributiva, es importante tener en cuenta que esta puede ser revisada cada dos años por el organismo competente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Tras una revisión, pueden darse varios escenarios: el mantenimiento del grado de incapacidad, un aumento de este, o incluso la extinción de la pensión. Por tanto, aunque la incapacidad permanente total tiene carácter vitalicio, su continuidad está sujeta a evaluaciones periódicas que pueden alterar su duración.

Una de las características de la incapacidad permanente total es que, en principio, tiene carácter vitalicio, ya que se trata de una pensión contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social. Sin embargo, es importante destacar que esta pensión no es necesariamente permanente en todos los casos, debido a su naturaleza revisable.

La normativa establece que la incapacidad permanente total puede ser revisada cada dos años por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Durante estas revisiones, se evalúa la condición del beneficiario, y pueden ocurrir varios resultados:

• Mantenimiento del grado de incapacidad: Si tras la revisión se determina que la condición del beneficiario no ha cambiado, se mantiene el mismo grado de incapacidad reconocido inicialmente. 
• Aumento del grado de incapacidad: Si la condición del beneficiario ha empeorado, es posible que el grado de incapacidad se incremente, lo que podría dar lugar a una mayor prestación. 
• Extinción de la incapacidad permanente total: En algunos casos, si la revisión concluye que la condición del beneficiario ha mejorado lo suficiente como para que pueda volver a trabajar en su profesión habitual o en otras, la pensión puede ser extinguida.

Por lo tanto, aunque la incapacidad permanente total se considera vitalicia, su continuidad depende de las evaluaciones periódicas que pueden ajustar, aumentar o incluso finalizar la prestación, según lo estipulado por el INSS.

La Seguridad Social emite el pago de la pensión por incapacidad permanente total el día 25 de cada mes. Sin embargo, para aquellos que reciben esta prestación por primera vez, las fechas pueden variar según la situación específica que dio lugar al derecho a la incapacidad.

Tras agotar una baja médica

Si la pensión por incapacidad permanente total se concede después de agotar una baja médica por incapacidad temporal, la fecha de inicio del pago será la misma en la que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) emita la resolución definitiva, tras evaluar el caso.

Cuando la baja no es un factor determinante

En situaciones donde la incapacidad permanente total no deriva de una incapacidad temporal previa, la fecha de inicio del pago será la fecha de evaluación realizada por el tribunal médico encargado de valorar la situación del solicitante.

Mientras se está de alta

Si el solicitante está trabajando en el momento de solicitar la incapacidad permanente total, la fecha de inicio del pago será la del cese de la actividad laboral tras sufrir una enfermedad o accidente que haya provocado la incapacidad. Este criterio aplica tanto si el trabajador estaba cotizando en el Régimen General como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Situación de no alta ni asimilada al alta

En casos donde el solicitante no está actualmente trabajando, ni está de baja médica, ni cobrando una prestación por desempleo, la fecha de inicio del pago será retroactiva y se calculará desde la fecha en que dejó su último empleo.

Después de una revisión del EVI

En situaciones donde el pensionista es sometido a una revisión por parte del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), y se determina un cambio en su condición, la fecha de inicio del pago ajustado, ya sea la misma cuantía o una nueva, será la fecha de resolución del EVI. Esta revisión puede llevar a una mejora, empeoramiento, o confirmación del estado de incapacidad inicial.

Sí, la incapacidad permanente total es compatible con el trabajo, siempre y cuando el nuevo empleo no sea en el mismo puesto que ocupaba el trabajador en la empresa antes de ser declarado incapacitado. Esto significa que el beneficiario puede desempeñar cualquier otro trabajo que no sea su ocupación habitual. Sin embargo, es importante comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la ocupación de un nuevo puesto de trabajo, a menos que la incapacidad derive de una enfermedad profesional, en cuyo caso se requiere autorización previa.

Un aspecto clave a tener en cuenta es que el incremento del 20% de la base reguladora, que se otorga a beneficiarios de incapacidad permanente total mayores de 55 años, es incompatible con la realización de trabajos por cuenta ajena o propia. Además, también es incompatible con otras prestaciones de la Seguridad Social que puedan derivarse de esos trabajos, como subsidios por incapacidad temporal, maternidad, o prestaciones por desempleo.

No existen limitaciones específicas en cuanto al número de horas que se pueden trabajar mientras se recibe una pensión por incapacidad permanente total. Esto significa que el beneficiario puede incluso trabajar a jornada completa, siempre que las tareas en el nuevo empleo no estén relacionadas con la profesión habitual para la que fue declarada la incapacidad.

La incapacidad permanente total no es compatible con la ayuda familiar, según lo estipulado en el artículo 163 de la Ley General de la Seguridad Social de 2015. Sin embargo, hay algunas situaciones excepcionales en las que podría haber una posibilidad de compatibilidad. Por ejemplo, es posible que la Seguridad Social permita agotar la prestación por desempleo antes de comenzar a recibir la pensión por incapacidad permanente total.

Sí, para poder cobrar una pensión por incapacidad permanente total, es necesario haber cotizado a la Seguridad Social, especialmente si la incapacidad se debe a una enfermedad común. La cantidad de tiempo de cotización requerida depende de la edad de la persona afectada. Por ejemplo:

Entre los 10 y 30 años de edad, se requiere haber cotizado un tercio del tiempo desde que la persona cumplió 10 años.

Entre los 31 y 40 años, es necesario haber cotizado los años que resulten de restar 20 a la edad actual, y dividir el resultado entre 4. Además, una quinta parte de este período debe haber sido cotizada dentro de los 10 años anteriores a la solicitud de la incapacidad. En cualquier caso, para esta franja de edad, se requiere un mínimo de cinco años de cotización.

Este esquema asegura que el solicitante ha contribuido lo suficiente al sistema de seguridad social para ser elegible para la pensión.

Para los menores de 31 años que solicitan una pensión de incapacidad permanente total, es necesario haber cotizado al menos un tercio del tiempo transcurrido desde que cumplieron 16 años. Este requisito asegura que, aunque sean jóvenes, han contribuido lo suficiente al sistema de seguridad social para ser elegibles para la pensión.

Para las personas de 31 años o más, se requiere una cotización mínima de 5 años, contando a partir de los 20 años de edad. Además, un quinto de este período de cotización debe haber sido acumulado dentro de los últimos 10 años, o en los 10 años anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. Este criterio busca garantizar que los solicitantes hayan mantenido una participación activa en el sistema de seguridad social en un período reciente antes de la solicitud.

En 2024, la pensión por incapacidad permanente total experimentará una revalorización, lo que se traducirá en un aumento de los importes mensuales y anuales que reciben los beneficiarios.

Para los titulares de la pensión con 65 años y con cónyuge a cargo, la cuantía mínima aumentará de 966,2 euros al mes (13.526,8 € anuales) a 1.004,85 euros al mes (14.067,87 € anuales), lo que supone un incremento de 38,65 euros al mes y 541,07 euros al año. Si el titular no tiene cónyuge, la pensión pasará de 783,10 euros mensuales (10.963,4 € anuales) a 814,42 euros al mes (11.401,94 € anuales), lo que representa un aumento de 31,32 euros mensuales y 438,54 euros al año.

Para aquellos con una incapacidad permanente total que tienen entre 60 y 64 años con cónyuge a cargo, la pensión mensual se incrementará de 905,90 euros (12.682,60 € anuales) a 942,14 euros por mes (13.189,9 € anuales), lo que implica una mejora de 36,24 euros mensuales y 507,3 euros al año. En el caso de no tener cónyuge, la pensión pasará de 783,1 euros mensuales (10.963,4 € anuales) a 761,9 euros al mes (10.666,66 € anuales), lo que supone una mejora mensual de 29,3 euros y 410,26 euros al año.

En 2024, se ha anunciado una subida de las pensiones para aquellos beneficiarios de la incapacidad permanente sin cónyuge a cargo. Este incremento forma parte de las medidas implementadas para mejorar el poder adquisitivo de las personas que dependen de estas prestaciones. Para quienes reciben una pensión por incapacidad permanente sin cónyuge a cargo, esta revalorización supone una mejora en su ingreso mensual, permitiéndoles cubrir mejor sus necesidades básicas.

La subida de las pensiones en 2024 refleja el compromiso del gobierno de ajustar las prestaciones a la inflación, asegurando que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo. Este ajuste es crucial para aquellos que, al no tener un cónyuge a cargo, dependen principalmente de su pensión para cubrir sus gastos diarios.

Si estás recibiendo una pensión por incapacidad permanente sin cónyuge a cargo, es importante estar al tanto de cómo este aumento afectará tu situación financiera en 2024. La revalorización busca proporcionar un alivio económico a quienes más lo necesitan, garantizando un nivel de vida adecuado en el contexto económico actual.

Existe la posibilidad de que la Seguridad Social revise la situación de incapacidad permanente total de un beneficiario, lo que podría llevar a la retirada de la prestación si se determina una mejora en la condición de salud del pensionista o si se ha producido un error de diagnóstico. La Seguridad Social revisa regularmente estas situaciones cada dos años, incluso si la incapacidad fue reconocida por sentencia judicial.

La pensión por incapacidad permanente total también puede extinguirse por otros motivos, como alcanzar la edad de jubilación y optar por la pensión correspondiente o tras una revisión de grado, que puede ser solicitada por el propio pensionista en caso de agravamiento o por el INSS si se aprecia una mejora o curación en la condición del beneficiario.

Los autónomos que son declarados con incapacidad permanente total tienen derecho a una pensión basada en el 55% de su base reguladora. Este porcentaje puede incrementarse en un 20% adicional, siempre que el beneficiario tenga más de 55 años, no realice ninguna otra actividad laboral y no posea una explotación agraria o pesquera. Esto significa que, aunque se perciba una pensión por incapacidad permanente total, es posible continuar trabajando como autónomo, siempre y cuando se respeten estas condiciones.

Esta compatibilidad ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en una sentencia relacionada con un caso de 2016, lo que proporciona seguridad jurídica a los autónomos que se encuentran en esta situación. Un ejemplo claro de esta compatibilidad es el de una mujer con discapacidad que trabaja desde casa, demostrando que es posible mantener una actividad económica como autónomo a pesar de tener una incapacidad permanente total.

La declaración de incapacidad permanente total conlleva varias consecuencias significativas para el trabajador, independientemente de si es autónomo o empleado por cuenta ajena. Una de las principales consecuencias es la baja en la Seguridad Social del puesto de trabajo o actividad que la persona desempeñaba antes de ser declarada incapacitada. En el caso de trabajadores por cuenta ajena, la empresa debe abonar el finiquito correspondiente en el momento en que se recibe la declaración de incapacidad.

La pensión por incapacidad permanente total se caracteriza por ser vitalicia, pero está sujeta a revisiones periódicas por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Estas revisiones pueden resultar en la confirmación de la pensión, su incremento en caso de agravamiento, o su reducción o extinción si se observa una mejoría en la condición de salud del beneficiario.

La cuantía de la pensión se calcula en función de la base reguladora del trabajador y puede variar dependiendo de factores como la edad del beneficiario y si la incapacidad proviene de un accidente laboral o de otra causa. En particular, el cálculo puede diferir si la persona tiene más o menos de 52 años.

Finalmente, aunque el beneficiario de la pensión por incapacidad permanente total puede trabajar en un nuevo empleo, es fundamental que estas nuevas funciones no afecten negativamente a las limitaciones físicas o cognitivas que motivaron la concesión de la incapacidad. Esto asegura que la persona pueda continuar generando ingresos sin comprometer su salud ni su derecho a la pensión.

El importe de la pensión por incapacidad permanente total varía según diversas circunstancias. En términos mínimos, si la incapacidad es derivada de una enfermedad común y el beneficiario tiene cónyuge no a cargo, la pensión mínima es de 519,12 euros al mes. En el caso de tener cónyuge a cargo, la pensión máxima asciende a 821,84 euros mensuales.

Los beneficiarios de esta pensión recibirán un 55% de su base reguladora. Sin embargo, si la incapacidad se origina por un accidente laboral, no se requiere un período mínimo de cotización para acceder a la pensión. Además, si el beneficiario tiene más de 55 años y no realiza ninguna actividad laboral, este porcentaje puede incrementarse hasta un 75% de la base reguladora.

Es importante destacar que la pensión por incapacidad permanente total, aunque se considere vitalicia, es revisable. La Seguridad Social tiene la facultad de revisar las pensiones cada dos años para evaluar si la condición del beneficiario ha mejorado, empeorado o permanece igual. Esto se aplica a todas las pensiones por incapacidad, incluyendo la total, parcial, absoluta y de gran invalidez. Estas revisiones pueden llevar a diferentes resultados, como mantener la pensión en su estado actual, incrementar el grado de incapacidad o, en algunos casos, extinguir la pensión si se considera que el beneficiario ha recuperado la capacidad laboral.

Aunque la incapacidad permanente total es una pensión contributiva de la Seguridad Social con carácter vitalicio, no es necesariamente definitiva debido a su naturaleza revisable. Dependiendo de la situación del beneficiario, la pensión puede mantenerse, incrementarse o extinguirse tras las revisiones periódicas.

En particular, si una persona alcanza los 55 años de edad con incapacidad permanente total y se encuentra inactiva laboralmente, la base reguladora de la pensión puede aumentar del 55% al 75%. Sin embargo, cuando el beneficiario alcanza la edad de jubilación, debe elegir entre seguir recibiendo la pensión por incapacidad o cambiar a la pensión de jubilación contributiva, siempre que cumpla con los requisitos necesarios para esta última.

Para calcular la pensión por incapacidad permanente total, se aplica un porcentaje específico a la base reguladora, dependiendo de las causas que originaron la incapacidad. La cuantía mínima no puede ser inferior al 55% de la base mínima de cotización a la Seguridad Social, en caso de enfermedad común.

Por ejemplo, consideremos a un trabajador nacido el 10/06/1998, evaluado por el EVI (Equipo de Valoración de Incapacidades) el 15/11/2020, cuando tenía 22 años y 5 meses. Como tenía menos de 31 años, se requiere que haya cotizado un tercio del tiempo transcurrido entre los 16 años y la fecha del hecho causante. Desde que cumplió 16 años hasta el EVI, transcurrieron 101 meses, por lo que necesitaba haber cotizado al menos 33,67 meses para tener derecho a la prestación.

Si este trabajador comenzó a trabajar el 01/01/2016 y fue evaluado en 2020, habría cotizado 58 meses, cumpliendo así con el período de cotización exigido para acceder a la pensión por incapacidad permanente total.

En el caso de un trabajador con 65 o más años en el momento del hecho causante que no cumpla los requisitos para la jubilación, la base reguladora se calculará dividiendo por 112 las bases de cotización de los 96 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.

El aumento del 20% en la pensión por incapacidad permanente total está disponible para aquellos que cumplan con ciertos requisitos, como tener más de 55 años y no estar trabajando. Este incremento permite elevar el porcentaje de la base reguladora de la pensión. Para solicitar este plus, los interesados pueden acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social utilizando Cl@ve o un certificado digital.

La tarjeta de incapacidad permanente total se puede solicitar a través de la página web oficial de la Seguridad Social. Los interesados deben descargar y rellenar el documento de solicitud disponible en la Sede Electrónica de la Seguridad Social o en el Portal Tu Seguridad Social, bajo el apartado “Gestiona tu prestación”. Para completar la solicitud, es necesario contar con un certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve.

Si un trabajador accede a la pensión por incapacidad permanente total derivada de contingencias comunes después de alcanzar la edad de jubilación, pero no cumple con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, recibirá un porcentaje basado en el período mínimo de cotización establecido. Este porcentaje es actualmente del 50%, aplicado a la base reguladora correspondiente, según la normativa de la Seguridad Social.

La incapacidad permanente total cualificada es una categoría especial para trabajadores mayores de 55 años que, debido a su edad, falta de preparación o circunstancias laborales y sociales, tienen dificultades para acceder a un empleo distinto al que desempeñaban. En estos casos, se concede un aumento del 20% en la pensión, siempre y cuando el beneficiario no esté trabajando y dado de alta en la Seguridad Social.

Cuando la incapacidad permanente total es resultado de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, no se requiere un período mínimo de cotización para acceder a la pensión. No obstante, el beneficiario no debe haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación, salvo que la incapacidad derive de una enfermedad profesional. Es esencial que el trabajador presente informes médicos que demuestren las limitaciones físicas o psíquicas que le impiden continuar con su profesión habitual, así como la capacidad para desempeñar otras actividades laborales diferentes.

Sí, las personas que reciben una pensión por incapacidad permanente total deben presentar la Declaración de la Renta en 2024 si sus ingresos anuales superan ciertos umbrales. Específicamente, deben hacerlo si sus ingresos superan los 22.000 euros al año en el caso de tener un solo pagador. Si tienen dos pagadores, deben presentar la declaración si el total de ingresos supera los 15.000 euros al año y si el segundo pagador aporta más de 1.500 euros.

Por lo general, no es posible cobrar dos pensiones por incapacidad permanente al mismo tiempo. Si un beneficiario tiene derecho a dos pensiones tras el reconocimiento de una nueva incapacidad por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), deberá elegir entre una de ellas. La jurisprudencia establece que “la pérdida de una renta profesional no puede protegerse simultáneamente con la percepción de dos prestaciones con la misma finalidad de sustitución”.

Sin embargo, existe una excepción: es posible recibir dos pensiones por incapacidad permanente si provienen de dos regímenes diferentes de la Seguridad Social. Los regímenes que conforman el sistema de la Seguridad Social son:

• Régimen General de la Seguridad Social.
• Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
• Régimen Especial de la Minería del Carbón.
• Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Sí, es compatible. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) permite que la prestación por desempleo, conocida como paro, se combine con la pensión por incapacidad permanente total para la profesión habitual.

Para acceder a ambos beneficios, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Estar en situación legal de desempleo y haber agotado la prestación contributiva a la que se tenía derecho. Si no se tenía derecho a paro, se debe haber cotizado al menos 90 días.

Cumplir con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, lo que implica haber cotizado al menos 15 años, de los cuales seis deben pertenecer al Régimen General de la Seguridad Social y dos deben estar dentro de los últimos 15 años anteriores a la solicitud del subsidio.

Tener ingresos por debajo del 75% del salario mínimo interprofesional, que en 2024 equivale a 750 euros mensuales. Para acceder a ambos subsidios, los ingresos no pueden superar este umbral.

En 2024, las retenciones de IRPF para las pensiones por incapacidad permanente total son un aspecto crucial para los beneficiarios, ya que influyen directamente en el importe neto que se recibe cada mes. Comprender cómo se aplican estas retenciones es esencial para una correcta planificación financiera.

Las retenciones de IRPF en las pensiones por incapacidad permanente total dependen de varios factores, como el importe total de la pensión, la situación familiar del pensionista (si tiene cónyuge a cargo, hijos, etc.), y otras posibles fuentes de ingresos. A continuación, te proporciono una tabla con ejemplos orientativos de las retenciones aplicables en 2024 para distintos tramos de pensión:

Aunque la Seguridad Social no ofrece un listado oficial de patologías o accidentes que justifiquen una incapacidad permanente, existen enfermedades comúnmente reconocidas que pueden iniciar el proceso para solicitar esta pensión. Según el despacho de abogados Campmany Abogados, algunas de las enfermedades que podrían ser consideradas incapacitantes incluyen:

• Miopía Magna
• Narcolepsia
• Neuropatía cubital
• Postpolio
• Enfermedades renales
• Epilepsia
• EPOC
• Esclerosis Múltiple
• Espondilitis anquilosante
• Espondilosis degenerativa
• Esquizofrenia
• Estenosis foraminal
• Fibromialgia
• Fibrosis quística
• Cáncer
• Cardiopatía Isquémica
• Condromalacia Rotuliana
• Depresión
• Diabetes
• Distimia
• Distrofia de conos y bastones
• Enfermedad de Behçet
• Enfermedad de Crohn y Colitis ulcerosa
• Enfermedades hepáticas
• Agorafobia
• Albinismo
• Alzhéimer
• Aniridia
• Artritis Reumatoide
• Artrosis cervical
• Ataxia

Aunque la Seguridad Social no ofrece un listado oficial de patologías o accidentes que justifiquen una incapacidad permanente, existen enfermedades comúnmente reconocidas que pueden iniciar el proceso para solicitar esta pensión. Según el despacho de abogados Campmany Abogados, algunas de las enfermedades que podrían ser consideradas incapacitantes incluyen:

La incapacidad permanente total en España es una prestación fundamental que afecta profundamente la vida de quienes la padecen, tanto en el ámbito laboral como personal. Esta condición se reconoce cuando un trabajador no puede continuar en su empleo habitual pero puede desempeñar otras tareas laborales, marcando un punto de inflexión en su carrera profesional.

El sistema de Seguridad Social español ofrece diversas formas de apoyo a los afectados, incluyendo pensiones y ayudas económicas. Además, se contempla la posibilidad de que los beneficiarios reorienten su vida laboral hacia nuevas áreas donde su incapacidad no sea un impedimento. Las revisiones periódicas de las pensiones aseguran que se ajuste el nivel de asistencia a las necesidades reales del beneficiario.

Es crucial que los afectados conozcan sus derechos y las posibilidades que tienen para solicitar mejoras en sus pensiones, como el incremento del 20% para mayores de 55 años. También es importante entender la compatibilidad de la pensión con otras ayudas o trabajos, siempre que se cumplan los requisitos específicos.

El reconocimiento de enfermedades que pueden conducir a la incapacidad permanente es un proceso complejo y personal, que requiere la validación de profesionales médicos y la evaluación de su impacto en la capacidad laboral. Aunque no existe un listado oficial de enfermedades incapacitantes, existen guías como las proporcionadas por Campmany Abogados que ayudan a identificar condiciones que podrían ser consideradas para esta prestación.

En resumen, la legislación española está diseñada para proteger a los trabajadores en situaciones de incapacidad, ofreciendo tanto alternativas para su reintegración laboral como un soporte económico adecuado cuando el regreso al trabajo no es posible.